Los vecinos afectados advierten de que, al haber sido declarados inválidos los contratos, no existe relación alguna que justifique semejante medida, y urgen al Gobierno asturiano a actuar para evitar el lanzamiento de los inquilinos
Hay muchas maneras distintas de librar una guerra. Se puede hacer con maniobras ágiles y sorpresivas. También, claro, mediante tretas y engaños que confundan al enemigo. Y, luego, está la llamada ‘guerra de desgaste’, el martillero constante del enemigo, erosionándolo y desgastando su voluntad de resistencia hasta llevarle a la rendición o a la aniquilación. El pulso que los vecinos del ‘bloque en lucha’ de Contrueces, el número tres de la calle Río Piloña, podría encajar en esa última descripción… Pero sus ocupantes no están por la labor de ceder, ni mucho menos. Y menos aún después de que, hace hoy dos días, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) les lanzase un ultimátum, vía burofax: presentar en un plazo de diez días un plan de pagos de las rentas atrasadas, o arriesgarse a que la entidad prosiga con «las acciones legales que correspondan para resolver la actual situación», a fin de «recuperar la posesión de estas viviendas». En la práctica, esa amenaza velada esconde el permanente riesgo de la ejecución de un desahucio. Sin embargo, los afectados tienen una carta a su favor: la inexistencia, afirman, de relación contractual válida alguna con la SAREB.
Puede parecer una aseveración hecha a trazo grueso pero, a priori, los hechos ocurridos desde que la Sociedad se hiciese cargo del inmueble, en 2021, parecen dar la razón a los vecinos. Tal como detallan, la relación contractual de los inquilinos de Río Piloña se suscribió «únicamente con la constructora» del bloque, a la cual «sí se pagaron las rentas mensualmente, incluso con posterioridad a la llegada de la SAREB». Dichos acuerdos, prosiguen, nunca se subrogaron de forma bilateral desde la toma de posesión de la entidad, por lo que «no hay contrato firmado entre los vecinos y la SAREB«. Pero es que, además, la Justicia -y esto es algo que la propia Sociedad ha recogido en sus comunicaciones pasadas- declaró tales contratos inválidos, razón por la que, inciden los afectados, «no se pueden exigir rentas» por ellos. Por si fuese poco, los ocupantes del inmueble esgrimen un último argumento para tratar de desmontar la estrategia de la SAREB: que el Tribunal Supremo, en una primera sentencia del 1 de marzo de 2021, y en una segunda del 4 de noviembre de 2020, decretó que «a los inquilinos en precario, resultados tras la extinción del contrato, no se les pueden cobrar rentas de un subsistente contrato». Eso explicaría el afán de la SAREB por imponer unilateralmente una subrogación que, a día de hoy, ningún vecino ha aceptado.
Claro, que tener la razón no es lo mismo que contar con capacidad para beneficiarse de ello. Y, a expensas de que si confirme si esa razón les acompaña, y de conocer el próximo movimiento de ficha de la SAREB, los habitantes del ‘bloque en lucha’ apremian al Principado a cumplir con la propuesta formulada por Somos Asturies en el último Debate General de Orientación Política, instando al Consejo de Gobierno a «mediar en el caso de Río Piloña, 3, hasta la resolución del conflicto para evitar que las familias sean desahuciadas«, y que fue apoyada por el Ejecutivo autonómico. E inciden especialmente en el carácter urgente de su petición. Al fin y al cabo, el reloj sigue avanzando, diez días se consumen pronto y, concluyen, la intervención de la Administración regional podría ser la única defensa efectiva ante la amenaza de un anuncio de lanzamiento.
