Cuatro de sus siete integrantes, instalados en la calle Santa Doradía y en Noreña, se sientan este viernes en el banquillo por un delito continuado de robo con fuerza, pertenencia a grupo armado y falsedad por seis acciones cometidas en 2018 en estaciones de servicio y en locales de Asturias
La Fiscalía solicita la condena de un grupo de ciudadanos kosovares de etnia albanesa acusados de asaltos en estaciones de servicio y otros locales comerciales en 2018, a los que accedían escalando o haciendo butrones ataviados con pasamontañas. En total pide 17 años de cárcel para cada uno de los cuatro integrantes del grupo, que afrontan esta mañana en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, desde las 10.30 horas. Los otros tres miembros no van a poder ser juzgados; dos de ellos están debidamente identificados pero no han podido ser detenidos hasta la fecha pese a las gestiones policiales llevadas a cabo.
Los balcánicos, asentados en régimen de semiclandestinidad en Gijón en 2018, en la calle Santa Doradía, con otra vivienda en Noreña por motivos de seguridad, habrían cometido, mantiene la Fiscalía, reiterados delitos contra el patrimonio mediante la destrucción de los sistemas de seguridad y forzamiento de cajas fuertes, con especial enfoque sobre estaciones de servicio de carburantes, entidades bancarias y empresas que, en general, y por su actividad mercantil y económica, pudieran disponer de cajas fuertes donde guardar dinero en efectivo. Para desarrollar su plan, se dirigieron, entre otros, a un establecimiento comercial próximo a Gijón para adquirir de manera lícita diferentes herramientas como radiales, discos para cortar materiales duros, mazas, hachas y otras de naturaleza similar, así como guantes, que emplearon posteriormente para llevar a cabo operaciones de forzamiento de paredes, techos y ventanas.
Tras utilizarlas en cada uno de los hechos delictivos que llevaron a cabo, las ocultaban en un zulo ubicado en el área circundante al denominado camino de La Perdiz, entre Granda y Roces, lugar en el que depositaban también algunos de los transmisores que utilizaban entre ellos para evitar su localización y algunos teléfonos móviles que sólo empleaban para sus comunicaciones durante los asaltos, para los que empleaban vehículos con placas de matrícula falsificadas. Fiscalía atribuye a este grupo de ciudadanos, que se encontraban de manera irregular en España, hasta seis robos: el 14 de abril de 2018 en un local bancario de Los Cuarteles, en Mieres (daños materiales por 3.657,18 euros); el 16 la estación de servicio Montico I, en Carreño (robo de 10.916 euros y 8.975,43 euros en daños); el 26 en la del Montico II (desperfectos valorados en 1.666,71 euros); el 29 en la de Leorio, ya en Gijón (3.664,49 euros en daños); el 2 de mayo en la llamada de El Pinar, en Cudillero (600 euros sustraídos); y el 4 en una empresa de la avenida de Los Campones, en Tremañes (17.560,33 euros en daños). Una semana después, serían detenidos por la Guardia Civil.
Expulsión del territorio español
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de robo con fuerza en las cosas perpetrado en establecimientos abiertos al público fuera de las horas de apertura, de un delito de pertenencia a grupo criminal y de un delito continuado de falsedad en documento oficial, con la circunstancia agravante modificativa de la responsabilidad criminal de disfraz en relación con el delito de robo con fuerza en las cosas. Así solicita para cada uno de los acusados 6, 8 y 3 años de prisión por cada uno de ellos, de manera respectiva, un total de 17 años de cárcel, además de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y abono de las costas procesales, a lo que se suma, en el caso del tercero, una multa de 12 meses con una cuota diaria de 12 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
Las penas privativas de libertad, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 89.1, 2 y 5 del Código Penal, serán cumplidas parcialmente y sustituidas por la expulsión de los acusados del territorio español y la prohibición de regresar a España durante un período de 8 años desde la fecha de la expulsión, una vez que hayan cumplido las 2/3 partes de las mismas, apunta Fiscalía. Los acusados también, en concepto de responsabilidades civiles, deberán de indemnizar a los representantes de las entidades perjudicadas por los daños causados y el dinero sustraído en cada una de ellas, más los intereses legales correspondientes.
