La Coordinadora Ecoloxista d’Asturies reclama un plan contra el furtivismo y critica la falta de información sobre los casos registrados en la región

La Fiscalía de Asturias ha trasladado a la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies que ha denunciado ante el Juzgado de Cangas del Narcea la muerte de un oso pardo hallado en Degaña, en el paraje de Pinaleiro, tras quedar atrapado en un lazo de acero. El animal, perteneciente a la especie Ursus arctos y catalogado “En peligro de extinción” por el Real Decreto 139/2011, habría fallecido como consecuencia directa de la trampa. La organización ecologista, que fue la que comunicó los hechos a la Fiscalía, sostiene que se trata de un nuevo caso de caza ilegal y recuerda que mantiene abiertas varias denuncias por muertes de osos ocurridas en los últimos años, incluido un ejemplar encontrado con un disparo en Belmonte. La entidad señala que no ha recibido acceso a las necropsias ni a los expedientes de investigación, una situación que interpreta como falta de transparencia por parte de la Administración autonómica.
La entidad advierte que estos episodios podrían representar solo una parte de los casos reales de furtivismo en Asturias, una práctica que, afirma, afectaría también de forma ocasional al ganado. Según su valoración, el Principado no ha implementado medidas eficaces para frenar los delitos contra la fauna, y apunta al deterioro de las condiciones laborales del personal de medio ambiente como uno de los factores que dificultan la detección y retirada de trampas. Por ello, lleva reclamando desde hace años la elaboración de un Plan Contra el Furtivismo que permita reforzar la vigilancia y reducir este tipo de infracciones. A su juicio, campañas que antes contribuían a la prevención, como las búsquedas coordinadas de lazos, han dejado de realizarse.
La denuncia se produce mientras se incrementan los hallazgos de osos sin vida. Tal como avanzaron organizaciones conservacionistas el pasado verano, Asturias ha registrado en los últimos años un aumento notable de ejemplares muertos, algunos de ellos con indicios compatibles con prácticas ilegales. Según datos oficiales aportados en julio, durante los dos mandatos del actual Ejecutivo se contabilizaron 21 osos adultos fallecidos, casi el doble que en el periodo anterior, lo que ha llevado a varias entidades a pedir una mejora en la coordinación y refuerzo de las políticas de conservación.