El Defensor del Profesor alerta de un deterioro emocional “cronificado” y de un repunte de agresiones, faltas de respeto y presión para cambiar notas
El Defensor del Profesor de ANPE Asturias presentó este jueves el informe correspondiente al curso 2024-2025, un documento que retrata un escenario sostenido de conflictividad en los centros educativos y un deterioro emocional creciente entre el profesorado. Aunque el número de casos atendidos desciende respecto al curso anterior, pasando de 70 a 54, el sindicato advierte de que la complejidad y gravedad de los episodios aumenta, y que el malestar docente se ha convertido ya en un fenómeno “estructural” del sistema educativo.
El servicio, que cumple 19 años de funcionamiento en Asturias y casi dos décadas a nivel nacional, ha atendido desde su creación a 618 docentes en el Principado y a más de 46.000 en toda España. Según el informe, el 81,48% de los casos registrados en el último curso presentaba cuadros de ansiedad y el 24,1% acabó en baja médica. Un 3,7% de los docentes llega a plantearse abandonar la profesión.
La coordinadora del servicio, Montserrat Fernández, señala varios factores que confluyen en el desgaste emocional: la sobrecarga burocrática, las elevadas ratios, el aumento del alumnado con necesidades educativas especiales, la falta de apoyo institucional, la incertidumbre laboral en el profesorado interino y la insuficiencia de recursos humanos y materiales. Según el informe, la acumulación de tareas administrativas y la proliferación de protocolos sin personal ni tiempo asignado contribuyen de forma directa al síndrome del “profesor quemado”.
El documento apunta también a una tendencia creciente a convertir los centros educativos en espacios asistenciales, asumiendo los docentes funciones que exceden su labor sin la formación ni el respaldo requerido. Todo ello provoca un clima de tensión que incide en la salud mental del profesorado y erosiona la convivencia.
Primaria y Secundaria concentran la mayor parte de los casos
Por etapas educativas, Primaria vuelve a ser el nivel con mayor número de casos atendidos, con 24, seguido de Secundaria, con 23. Le siguen Formación Profesional y otras enseñanzas, mientras que Infantil registra este año solo un caso. ANPE destaca que tanto Primaria como Secundaria, etapas obligatorias, requieren especial atención por concentrar la mayor parte de situaciones conflictivas. El 46,3% de los casos tiene relación directa con el alumnado y el 29,6% con las familias. El informe advierte de que estas cifras representan únicamente los episodios más graves o aquellos en los que el docente no encuentra respaldo en su centro o en la Administración.
Los datos muestran un incremento general de los incidentes con respecto al alumnado. Las faltas de respeto constituyen el 44,4% de los casos, seguidas de las agresiones al profesorado (27,8%), los problemas para dar clase (16,7%) y las falsas acusaciones (11,1%). También se notifican conductas agresivas entre alumnos que afectan al desarrollo de las clases. En cuanto a los conflictos con familias, las faltas de respeto vuelven a ser el problema más frecuente (27,8%), seguidas de las falsas acusaciones (20,4%), casos de acoso y ciberacoso (9,3% y 7,4%, respectivamente) y la presión para modificar calificaciones (7,4%). ANPE alerta de que algunos episodios tienen su origen en la desautorización de los docentes por parte de las familias ante la aplicación de normas de convivencia.
El informe pone de manifiesto las consecuencias que estos episodios tienen sobre la salud del profesorado. Además de los cuadros de ansiedad, el documento recoge 14 bajas laborales y un aumento de los casos de estrés.
Reclamaciones y propuestas de ANPE
Por todo ello, el Defensor del Profesor reclama un aumento de la inversión educativa y el cumplimiento de los acuerdos firmados recientemente en Asturias para reducir ratios y jornada lectiva, reforzar el personal de orientación y pedagogía terapéutica, incorporar enfermería escolar y dotar a los centros de personal administrativo.
El informe pide además protocolos más ágiles ante agresiones, asistencia jurídica y psicológica gratuita para los docentes, reconocimiento de la ansiedad y depresión como enfermedades profesionales cuando deriven de casos de acoso, y una reforma que garantice la autoridad del docente mediante la aprobación de un Estatuto Docente.
