La entidad católica no supera el concurso público y podría valorar acudir a los tribunales mediante un contencioso
Cáritas ha quedado fuera del nuevo contrato municipal para la recogida de ropa usada en Gijón por un motivo determinante: su oferta económica fue la peor valorada entre las tres presentadas al concurso. Pese a ser la entidad histórica responsable del servicio —gestiona desde 2014 los contenedores repartidos por toda la ciudad—, su propuesta fue ampliamente superada por la de Insertega Social y Fundación Pueblo para el Pueblo, que se comprometieron a realizar la recogida sin coste para el Ayuntamiento. Tal como ha podido comprobar miGijón, Cáritas obtuvo la máxima puntuación en casi todos los apartados, excepto en el criterio del precio, decisivo para el resultado final.
La licitación se convocó en cumplimiento de una obligación legal -leyes 9/2017 y ley 40/2015-. El Ayuntamiento y Emulsa debían regularizar la situación del servicio, que llevaba una década operando mediante un convenio firmado directamente entre ambas partes, sin concurso público. Este cambio normativo obligaba a sustituir ese acuerdo por una licitación abierta en la que cualquier empresa o entidad pudiera presentar su propuesta. Cáritas, como el resto de aspirantes, aceptó esas reglas de juego al no recurrir los pliegos y al concurrir a la convocatoria, asumió las condiciones establecidas en ellos.
El contrato, licitado por primera vez para los próximos cinco años por Emulsa —dependiente de la concejalía de Medio Ambiente, dirigida por el Partido Popular—, busca ampliar de forma notable la red de contenedores de recogida textil. El objetivo es reforzar la reutilización y el reciclaje, dado que la ropa supone ya cerca del 10% de los residuos que acaban en el contenedor general. Solo el año pasado se recogieron de forma separada 920 toneladas de textil, una cifra que Emulsa quiere incrementar dentro del nuevo plan municipal de residuos.
La exclusión supone un cambio profundo para Cáritas, que durante más de una década ha estructurado su actividad en torno a este servicio, con una red de 75 contenedores propios, dos tiendas —y una tercera prevista— y una amplia estructura de voluntariado. La apertura del proceso competitivo, exigida por ley, permitió que otras entidades presentaran propuestas más ventajosas desde el punto de vista económico, como finalmente ocurrió.
Tras conocer la resolución, Cáritas presentó un recurso en el que cuestionaba la interpretación de los pliegos y la valoración técnica. El escrito, remitido en agosto, no obtuvo respuesta dentro del plazo legal, lo que equivale a una desestimación por silencio administrativo. La organización dispone ahora de seis meses para decidir si inicia un proceso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento y Emulsa.
La dirección regional de Cáritas solicitó una reunión urgente con la alcaldesa, Carmen Moriyón. La regidora se mostró sorprendida por la exclusión de la entidad y aseguró que desconocía los detalles del concurso. Moriyón expresó su voluntad de buscar una solución, aunque reconoció que revertir una licitación ya adjudicada es jurídicamente complejo.
La situación se produce en un momento delicado dentro del gobierno local, pocos días después de que Moriyón retirara competencias al edil popular Guzmán Pendás por la gestión del Albergue Covadonga. En este caso, sin embargo, el origen del conflicto no está en la política interna, sino en la propia oferta presentada por la entidad social y en las condiciones del concurso que, al aceptarlas, Cáritas asumió.
Las dos entidades adjudicatarias no cuentan actualmente con contenedores ni tiendas en la ciudad. Fundación Pueblo para el Pueblo tiene una amplia red comercial en Madrid, Barcelona, Sevilla o Granada, mientras que Insertega Social opera desde A Coruña. Su entrada efectiva en Gijón dependerá de la evolución administrativa y de la eventual vía judicial que emprenda Cáritas.
En materia de gestión textil, la práctica en España es diversa: existen municipios que no solo no pagan a las entidades que realizan la recogida, sino que incluso les aplican tasas por utilizar espacios públicos para instalar los contenedores. No era el caso de Gijón, donde el Ayuntamiento, obligado legalmente a prestar el servicio de manera separada, optó por externalizarlo sin exigir ninguna contraprestación por ocupación del dominio público. Dado que no se ejecutaba con medios propios y se recurría a operadores externos, se consideró que imponer un canon adicional no resultaba adecuado.
