El Supremo ordena el ingreso en prisión del exministro y su antiguo asesor tras considerar “extremo” el riesgo de fuga
El Tribunal Supremo ha ordenado este jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del exministro de Transportes José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García, investigados por la presunta trama de corrupción vinculada a la compra de mascarillas durante la pandemia. Según informó ABC, la decisión se adopta ante el riesgo de fuga apreciado por el juez instructor, después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara esta medida cautelar para ambos. El Ministerio Público había presentado la semana pasada su escrito de acusación, en el que pide 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para García. También el abogado del Partido Popular, en representación de las acusaciones populares, respaldó la petición de prisión sin posibilidad de fianza.
Según publicó El País, el magistrado Leopoldo Puente ha enviado a prisión al exministro y a su antiguo asesor tras la vista celebrada en el Tribunal Supremo para revisar las medidas cautelares que tenían hasta ahora, que consistían en comparecencias quincenales, retirada de pasaporte y prohibición de salir de España. El juez, que había rechazado anteriormente las peticiones de las acusaciones populares para decretar el encarcelamiento, ha adoptado ahora esta decisión después de que, por primera vez, la Fiscalía la solicitara al considerar que existe un riesgo de fuga “extremo”, especialmente ante la proximidad del juicio oral. El País detalla además que el instructor atribuye a Ábalos y García posibles delitos de integración en organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación, y que considera que existen indicios “más que bastantes” de la eventual comisión de estos hechos delictivos.
Según añadió El País, la resolución implica que la presidenta del Congreso debe ser informada por afectar a la situación personal del diputado, que pertenece al Grupo Mixto, y será ahora la Cámara la que determine las consecuencias derivadas de su ingreso en prisión preventiva, incluida la suspensión de sus derechos y deberes parlamentarios. Durante la vista, Ábalos afirmó que no tenía intención de fugarse y que no dispone “de dinero ni de dónde ir”, mientras que su defensa alegó vulneración del derecho de representación política. El fiscal Anticorrupción sostuvo, según el citado medio, que la pertenencia a un poder del Estado no puede esgrimirse para evitar la aplicación del Derecho Penal. Tanto Ábalos como García esperaron la decisión final dentro del Supremo, donde permanecieron varias horas tras sus comparecencia.
