El PSOE sostiene que funcionaron sin autorización; Bravo (Foro) lo rechaza y asegura que han sido clave ante la oleada de robos
El Ayuntamiento de Gijón se ha visto envuelto en un nuevo cruce de declaraciones a raíz de la operatividad de las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona rural, en pleno contexto de una oleada de robos. La concejala del PSOE Marina Pineda acusó este martes a la edil de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Nuria Bravo, de ofrecer información falsa sobre el funcionamiento de estos dispositivos y de no contar con las autorizaciones necesarias durante los últimos meses.
Pineda señaló en rueda de prensa que las cámaras no disponían de los permisos oportunos al menos hasta el pasado mes de noviembre, lo que, a su juicio, implicaría que no estaban activas cuando Bravo aseguró que sí lo estaban. Según la edil socialista, de haber estado operativas antes de contar con la autorización, lo habrían hecho de forma “ilegal”. Por este motivo, reclamó la dimisión de Bravo o, en su defecto, que la alcaldesa, Carmen Moriyón, le retire la delegación de competencias en materia de Seguridad.
Desde el Gobierno local se rechazaron estas acusaciones y se defendió la legalidad y el correcto uso de los dispositivos. Fuentes municipales aseguraron a Europa Press que las cámaras están funcionando y que no existe ninguna irregularidad en su utilización. Bravo calificó de “irresponsable” hacer política “con algo tan serio” y acusó al PSOE de “alentar discursos del miedo”. Además, quiso enviar un mensaje de tranquilidad a los vecinos afectados.
La edil de Foro destacó que las cámaras representan una herramienta “importante” para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y afirmó que, en la última oleada de robos, han sido “especialmente útiles”. Subrayó asimismo que su uso está y estará siempre determinado por los protocolos policiales.
Pineda, por su parte, sostuvo que la autorización inicial para la instalación de las cámaras había caducado y que fue necesario iniciar un nuevo expediente, cuyo informe favorable no se emitió hasta noviembre. A su entender, esto implica que los dispositivos anunciados “a bombo y platillo” no estaban operativos o lo estaban sin respaldo legal. Criticó que el Gobierno local “no ha hecho absolutamente nada” para proteger a la ciudadanía.
La concejala socialista llevará este asunto a la próxima Comisión de Seguridad y ha solicitado la convocatoria “inmediata” de la Junta Local de Seguridad para evaluar la situación. También preguntará por el uso de drones por parte de la Policía Local. Si Bravo no dimite, el PSOE valorará los pasos a seguir de cara al próximo Pleno.
