CASOCIA lamenta que el Principado ignore las alegaciones y mantenga requisitos que elevarán los costes a niveles «inasumibles»
La Asociación de Alojamientos de Corta Estancia de Asturias (CASOCIA) ha expresado su “profunda preocupación” ante la decisión del Gobierno regional de mantener sin modificaciones sustanciales el borrador del nuevo decreto que regulará las viviendas vacacionales y de uso turístico. Pese al elevado número de alegaciones remitidas por profesionales, empresas y propietarios, el Ejecutivo no ha introducido cambios en un texto que, según la entidad, afecta de forma directa a más de 30.000 personas en Asturias y a miles de empleos indirectos vinculados al sector turístico.
El borrador, denuncia CASOCIA, incluye requisitos inéditos en España para este tipo de alojamientos, como la obligación de garantizar una recepción presencial durante las primeras 24 horas, ofrecer servicios propios de un hotel a lo largo de toda la estancia o asumir exigencias técnicas y operativas equiparables a las de grandes complejos turísticos. Esto, advierten, elevaría los costes a niveles “incompatibles” con un sector compuesto mayoritariamente por pequeñas empresas, autónomos y familias.
La asociación también ha mostrado su desacuerdo con las declaraciones de la vicepresidenta Gimena Llamedo, quien aseguró que el decreto es fruto del diálogo con el sector. CASOCIA sostiene que las aportaciones de los profesionales que gestionan este tipo de alojamientos “no están representadas” y que no existe presencia real del sector en las mesas de turismo.
Asimismo, la entidad recuerda que Asturias sería la primera comunidad autónoma en imponer obligaciones propias de un hotel a las viviendas de uso turístico, en contraste con la normativa vigente en el resto del país. Critica también que el Principado no se haya adherido a la Declaración de Sevilla, respaldada por 13 comunidades y que apuesta por la seguridad jurídica, la cooperación institucional y la separación entre política de vivienda y turística.
CASOCIA alerta además de que el texto genera “gravísima inseguridad jurídica” al aplicar criterios uniformes sin diferenciar entre áreas urbanas y rurales y al modificar normas y licencias ya concedidas. También rechaza que Asturias mantenga la obligatoriedad del NRU, una duplicidad administrativa que —afirman— la mayoría de regiones han descartado.
Aunque reitera su voluntad de diálogo, la asociación avanza que recurrirá el decreto ante los tribunales si se publica en sus términos actuales. Al mismo tiempo, exige que, de imponerse requisitos hoteleros a las VUT, estos se apliquen también al resto de modalidades de alojamiento turístico para evitar discriminaciones.
