El juzgado analiza si el contrato del Parque Empresarial Principado de Asturias fue parte de una operativa irregular ligada a la SEPI
La investigación abierta por la Audiencia Nacional sobre una presunta trama de cobro de comisiones ilegales que habría operado en el entorno de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) alcanza de lleno a Asturias. Entre las cinco operaciones bajo sospecha figura una adjudicación del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA), por un importe cercano a los 2,8 millones de euros, que ahora se sitúa en el centro de las diligencias judiciales.
El juez central de Instrucción número 6, Antonio Piña, investiga si la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso se beneficiaron de más de 700.000 euros en comisiones a través de distintas operaciones con empresas públicas entre los años 2021 y 2023. La causa, impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y bajo secreto de sumario, se apoya en informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Según la resolución judicial, los tres investigados formarían parte de un grupo denominado “Hirurok”, que habría aprovechado su capacidad de influencia para orientar expedientes administrativos en beneficio propio o de terceros. En el caso concreto de Asturias, los investigadores señalan una adjudicación del PEPA a la UTE Construcciones y Excavaciones Erriberri–Afesa Medio Ambiente, por un valor de 2,8 millones de euros.
La UCO sostiene que los miembros del grupo habrían intervenido en el proceso de contratación a través del presidente de la mesa de contratación, favoreciendo a la empresa adjudicataria. Como contraprestación, Erriberri habría canalizado hasta 400.000 euros al entorno del grupo, mediante distintas operativas destinadas presuntamente a ocultar el origen de los fondos y dificultar su trazabilidad.
Esta adjudicación en suelo empresarial del Principado se suma a otras operaciones investigadas en diferentes puntos del país, como el rescate de la empresa Tubos Reunidos, contratos de Mercasa o ayudas gestionadas por Sepides. No obstante, la presencia de una actuación en Asturias otorga una dimensión territorial relevante a la causa, al implicar directamente a un organismo público autonómico.
Tras su detención, Díez, Fernández y Alonso quedaron en libertad provisional con medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del país y la obligación de comparecer quincenalmente ante el juzgado. La investigación continúa abierta por presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.
