En respuesta a un ruego de Ramón Tuero, el edil de Medio Ambiente, Rodrigo Pintueles, advirtió de que, dada la presencia del poblado chabolista, sería preciso un desalojo previo, por lo que dejó la cuestión en manos de ADIF, propietaria del terreno
Como uno de esos secretos místicos que pueblan las novelas de fantasía, y que, tras largo tiempo ocultos, un buen día salen a la superficie, Gijón parece haberse dado cuenta de súbito, en las últimas veinticuatro horas, de la transformación del antiguo campo de fútbol de San Martín, en la frontera entre Veriña y La Calzada, en una ruina arquitectónica, en un vertedero ilegal y, de un tiempo a esta parte, también en la ubicación de un poblado chabolista habitado por varias decenas de personas, menores incluidos. Sin embargo, nada de todo lo anterior es tan novedoso como podría parecer… Al menos, no en la escena política local. Tal como este diario ha rescatado este mismo martes, el Grupo Municipal del PSOE ya alertó al Gobierno, en la Comisión de Urbanismo, Obras Públicas y Medio Ambiente celebrada el pasado 17 de octubre, de la existencia del mencionado vertedero, exigiendo una intervención para limpiar la zona y evitar que algo así volviese a producirse. Su ruego, sin embargo, no tuvo el efecto deseado en el Ejecutivo, que optó por dejar el asunto en manos del Ministerio de Transportes, propietario de esa parte del terreno a través del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).
Fue el edil socialista Ramón Tuero quien, en aquella sesión – cuya acta completa puede consultarse aquí-, puso el foco en el campo de San Martín y lo imperativo de sanearlo. Su demanda fue muy simple: que «se limpie esa parcela y se tomen las medidas oportunas para que esta situación no vuelva a
producirse«. Simple, claro y directo al grano. No obstante, la réplica dada por el concejal del ramo, Rodrigo Pintueles, del PP, no estuvo alineada con los deseos de Tuero. Concediendo que, aun siendo la parcela propiedad del Ministerio, es la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente (EMULSA) la encargada de su conservación y limpieza, Pintueles recordó que en marzo de 2024 se procedió a despejarla; fue precisamente en el transcurso de aquel operativo cuando los técnicos identificaron por primera vez la existencia del poblado. A juicio del titular de Medio Ambiente, esa presencia humana, unida a la periódica reacumulación de desechos, obligaría a una actuación de la Policía Local y de Servicios Sociales antes de que las brigadas de EMTUSA volviesen a la carga. Por ello, Pintueles optó por cortar por lo sano, y por solicitar a Transportes el cierre total de las fincas de la discordia, hasta que se decida qué uso darles en el futuro. A día de hoy, se desconoce si el Gobierno elevó al departamento de Oscar Puente, o no, tal sugerencia.
En cualquier caso, conviene insistir en que todos y cada uno de los vecinos consultados por miGijón coinciden en apuntar que los residentes en las chabolas no causan problemas. Ni disturbios, ni vandalismo, ni sustracciones… Nada. Es más, su presencia se ha vuelto relativamente cotidiana en las cercanías del ‘punto limpio’ de La Calzada, al que, según los lugareños, acuden pasadas las dos de la tarde, una vez los técnicos han cerrado el equipamiento, para saltar la valla y llevarse aquello que pueda darles réditos en el mercado. Así las cosas, las únicas preocupaciones manifestadas por los habitantes de las inmediaciones responden a cuestiones de salubridad, no de convivencia.
