La medida busca mejorar la conciliación y la organización del empleo público tras años de restricciones horarias
España da un nuevo paso en la reorganización del tiempo de trabajo en el sector público. El Gobierno ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF para implantar la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE), con el objetivo de que entre en vigor a partir del próximo mes de febrero. La medida reducirá en dos horas y media la actual jornada de 37,5 horas y afectará exclusivamente al personal dependiente de la administración estatal.
El acuerdo se ha cerrado en el marco del diálogo social con el Ministerio de Función Pública y comenzará a desarrollarse técnicamente durante el mes de enero. Quedan expresamente excluidos de esta reducción horaria las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como los empleados públicos de comunidades autónomas y entidades locales, que dependen de su propia normativa.
Desde una perspectiva jurídica, el letrado asturiano Adrián Rivas, de Servanda Abogados, subraya que la medida “no supone una novedad legal, sino la recuperación de una posibilidad que ya existía antes de los recortes de 2012”. En ese sentido, recuerda que “la prohibición de fijar jornadas inferiores a 37,5 horas fue una decisión coyuntural ligada a la crisis económica, y su levantamiento en 2018 abrió la puerta a acuerdos como el actual”.
Rivas destaca además que la implantación no será automática ni homogénea. “La Administración debe garantizar la continuidad de los servicios públicos, por lo que es lógico que se prevean adaptaciones o excepciones puntuales en determinados puestos”, explica. Esa flexibilidad será abordada en las reuniones técnicas que Función Pública mantendrá con los distintos ministerios durante enero.
Los sindicatos han calificado el acuerdo de histórico. Desde UGT se ha resaltado que sería la primera vez que la jornada de 35 horas se aplica de forma generalizada en la Administración General del Estado, equiparándola a muchas administraciones autonómicas y municipales que ya la disfrutan desde hace años.
El pacto también incluye el impulso del teletrabajo, aunque su desarrollo será más gradual. “El teletrabajo en el sector público exige una regulación muy precisa en materia de control horario, protección de datos y evaluación del desempeño”, apunta Adrián Rivas, quien considera que “sin una base normativa sólida, puede generar conflictos laborales o desigualdades entre empleados”.
Todas estas medidas se enmarcan en el nuevo Acuerdo Marco de Condiciones Laborales, que ya contempla mejoras salariales y la creación de grupos de trabajo sobre igualdad, digitalización, inteligencia artificial y salud laboral. Un proceso que, según Rivas, “marca una tendencia clara hacia un modelo de empleo público más moderno, flexible y orientado a la conciliación”.
