Blanca Morillo es una vecina de la avenida Schulz a la que el heredero de la vivienda en la que reside desde hace 24 años le pretende subir la renta de 460 a 600 euros cuando cuenta con una pensión de 856; ya sin contrato al caducar el anterior y no firmar el entregado por el propietario, asegura estar pasando «las peores Navidades de mi vida»
El domingo fue un chute de esperanza y alegría en unos meses complicados para Blanca Morillo. Los jugadores del UC Ceares salieron al campo en el duelo gijonés de la Tercera RFEF con una pancarta que rezaba ‘Derechu a una vida digna. Blanca se queda’ y cientos de socios y aficionados del equipo local y del Gijón Industrial mostraron su apoyo en forma de firma en la mesa colocada en la entrada de La Cruz por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias. «Es una pasada lo que me están ayudando. Y lo que viví en Ceares me dio mucha fuerza, porque firmaron muchas personas, me comprendían… Vine para casa con una tranquilidad…», expresa Morillo, que está pasando unos malos meses por la amenaza de desahucio que pesa sobre ella tras no firmar un contrato con un cambio de condiciones que conlleva una subida de la renta de 460 a 600 euros, inasumible para una mujer jubilada de 73 años con una renta de 856. «Yo me encuentro muy mal, son las peores Navidades de mi vida», se sincera.
Los problemas para Morillo llegaron hace unos 3 años, con el fallecimiento de la que era su casera. «Me enteré porque me lo comentó una vecina. Entonces yo me puse en contacto con el hijo y le pregunté que cómo le pagaba yo la renta, que la estaba pagando a una persona que no existía, y me dijo que no me preocupase, que valía igual, a lo que yo le respondí que quería que él me hiciera un contrato. Entonces quedó en que pasaría por aquí para traerme un papel con el número de cuenta para que le llegara a él el dinero porque no podía hacer todavía contrato porque no lo tenía arreglado, palabras textuales», relata. Habían pasado 3 meses desde la defunción.
«Un día vino por aquí y llevó mi contrato, que tenía de la madre, para arreglarlo, y me tuvo 7 meses a la espera. En esos 7 meses, siempre separaba el día 25, cuando cobro, el dinero, los 460 euros, en un sobre. A los 7 meses vino y me trajo un número de cuenta y le ingresé el dinero, 3.300 euros creo recordar», continúa. En una ocasión encontró el nuevo contrato «en el buzón», que indicaba que «en diciembre del año pasado tenía que pagar 600 euros y que en diciembre de éste caducaba». En ese momento, se puso en contacto con el Sindicato de Inquilinas. «Es una barbarie que pague ya el 51,7 por ciento de su pensión y después de tenerla 7 meses sin contrato, impidiéndole así pedir las ayudas municipales, en este segundo contrato le pide 600 euros cuando Blanca tiene una pensión mínima, de 886 euros», apunta Javier Linares, portavoz del Sindicato de Inquilinas que lleva el caso de esta vecina.
Al negarse a firmarlo, el juez decretó una conciliación, celebrada en otoño, «en la que el rentista no quiso bajarse del burro. Rechazó dar un porcentaje mínimo de subida o dejar el contrato como estaba», apunta al tiempo que recuerda que «la vivienda no está ni amueblada, está de obra. Desde la construcción, no se modificó nada. No vale ni los 460 euros en un mercado ya explosivo». «Era una situación ya de abandono que tenía el propietario sobre Blanca, a la que no hacían ni caso», añade.
¿Y en qué posición queda ahora Blanca? «Actualmente hay jueces que piden una conciliación al no firmar el contrato, a ver si las partes llegan a un acuerdo. En este caso no se llegó y ahora el casero, el rentista, tomará la determinación o de aceptar o no, o demandar una orden de desahucio a Blanca por no firmar el contrato. En ese proceso, que lo llevaríamos judicialmente, se peritará a ser posible la casa de Blanca para defender ante el juez que esa vivienda no es acorde al dinero que se está pagando actualmente por ella y que necesitaría una reforma. Y que Blanca, con 73 años, tiene que quedarse en esa casa», expresa. «Es un desahucio encubierto. Es expulsar a una persona, como va a pasar en el 26 con los 14.000 contratos en Asturias que serán revisados después del COVID. En Asturias va a haber más ‘blancas’», asegura.
Lo que tiene claro es que «vamos a luchar. Como dice Blanca: ‘Yo cerraré la puerta; o me la tiran o salgo por la ventana con los bomberos». Murillo seguirá mientras, como en estos 24 años, pagando la renta, movimiento que realizó precisamente ayer. «Cuando cierre el número de cuenta abriremos una consignación judicial donde Blanca siga aportando la cantidad para que no haya una morosidad, que no tiene que existir, ya que aquí se sigue pagando desde hace 24 años», confirma.
Estos días Morillo se encuentra pasando unos días fuera en casa de un hijo acompañado de su nieta, Lara, su gran apoyo, lo que no quita que esté pasando «unas fiestas malísimas» por la situación. «¿Qué hago? ¿Para dónde voy?», se pregunta, «porque yo no puedo pagar una renta superior a ésta». El apoyo que está recibiendo es lo que le da más fuerza y, para este 2026, pide «que pongan fin a los desahucios, que pongan fin a las rentas tan exageradas que hay y que piensen en los pensionistas que tenemos cuatro ‘perres’ de paga. Solamente pido eso, que los propietarios nos dejen vivir en paz en la casa en la que llevamos un montón de años». Y personalmente, «vivir tranquila y humildemente bien. Tener un baño decente y una cocina en la que no haya peligro de que salte todo por los aires, que tengo una cocina de gas que tiene 50 o 60 años».
El Sindicato de Inquilas, mientras, sigue recogiendo firmas para parar el desahucho de esta vecina de Schulz de manera física y virtual en la plataforma change.org, donde alcanza 392 verificadas. «Esperamos poder presentar anrte el juez unas 2.000 firmas como mínimo de aquí a aquí llega el posible juicio», apunta Linares. «La fuerza social es lo que más gana en toda lucha. En cualquier problema, la unión social es la que lo gana», concluye.
