La plataforma vecinal denuncia que «no se activó alarma alguna», y pone el foco en la «baja atención en mantenimiento», a la vista del estado de instalaciones como la cinta transportadora de mineral que ardió; la Policía Nacional investiga los hechos
No fue un suceso de una gravedad desmesurada. De entrada, no degeneró en heridos, ni tampoco requirió de un tiempo excesivo hasta que fue controlado. Sin embargo, eso no quita que el incendio declarado este jueves en una de las cintas para el transporte de mineral que ArcelorMittal opera en las proximidades del túnel de Aboño, en la factoría de Veriña, no haya caldeado -nunca mejor dijo- los ánimos de los habitantes de Gijón. No tanto por el fuego propiamente dicho, algo fortuito, como por el estado de las instalaciones, que podría haberlo propiciado; por los potenciales efectos medioambientales y, sobre todo, por la falta de un aviso a la población. Todo ello lo ha compartido en sus redes sociales la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) gijonesa, cuyos responsables han aprovechado el texto resultante para exigir a las Administraciones un mayor control sobre las actividades que la multinacional siderúrgica realiza en el concejo. Por su parte, la Policía Nacional está investigando el caso para tratar de esclarecer las causas; de momento, una primera inspección ocular apunta a razones puramente accidentales.
«No nos pilla de sorpresa, pues no es la primera vez que ocurre«, aseguran desde la FAV. A su juicio, la simple estética constituye una prueba del riesgo que entrañan los equipamientos de Arcelor en su estado actual. No en vano, aventuran los directivos del ente vecinal, «el aspecto de dichas instalaciones muestra una baja atención en mantenimiento, lo cual explica, en parte, hechos como estos«. Pero es que, a efectos medioambientales, «las consecuencias las hemos visto y las sufrimos en el aire que respiramos«, algo agravado por el hecho de que «no sabemos si se activó alarma alguna en la zona, o algún protocolo de emergencia; no nos consta«. Y es ahí donde la responsabilidad comienza a derivar desde la empresa hasta las Administraciones competentes, encargadas de «investigar lo sucedido; también deberían hacerlo el Ayuntamiento de Gijón y el propio Principado, puesto que estas instalaciones están sobre espacios habitados cercanos«.
No obstante, en la FAV no se muestran particularmente optimistas en cuanto a la prevención de hechos así. «Desgraciadamente, lo que no esperamos es que se tomen medidas para evitarlo«, sentencian, desanimados después de largos años de batallas incesantes para intentar lograr tanto la reducción de las emisiones contaminantes, como un adecuado mantenimiento que minimice el riesgo de accidentes. Todo ello, con éxito variable aunque, en general, escaso. Por ello, una vez más, los vecinos de Gijón apelan a las estructuras autonómicas y municipales para que tomen cartas en el asunto y hagan presión sobre la multinacional. Al fin y al cabo, en lo relativo a la seguridad, «las Administraciones locales y regionales tienen mucho que exigirle«.
