La alcaldesa se saca de la chistera un informe jurídico que pone en solfa la gestión del PP en Emulsa y de su presidente Rodrigo Pintueles que desembocó, si nadie lo remedia lo que parece poco probable, en la expulsión de la entidad católica de la recogida de ropa en las calles de Gijón
Ha vuelto a suceder. La alcaldesa de Gijón trata de actuar como improvisada “bombera” para apagar otro fuego originado desde las filas de su socio de gobierno, del PP, en esta ocasión desde la Empresa Municipal de Limpiezas (Emulsa), que gestiona el popular Rodrigo Pintueles. Sin embargo, la cosa no pinta sencilla. Con el desaguisado del traslado del Albergue Covadonga, Carmen Moriyón tiró de manual de mando y, tras ser perseguida e increpada por vecinos de El Natahoyo, se cargó de un plumazo no sólo la decisión del PP de trasladar a sus usuarios al antiguo Hogar de San José, si no que le quitó a Guzmás Pendas (PP) las atribuciones a esos efectos dentro de la concejalía de Servicios Sociales. En esta ocasión, como se apuntaba, el asunto es más complicado porque no se trata ya de una decisión meramente política, porque el origen del problema se ha dejado pudrir y cuando se trata de ‘descargar la fruta del árbol’ resulta que ya está atrapada por cuestiones de índole legal, un terreno mucho más pantanoso que las frivolidades políticas de turno.
Pero, ¿cuál es el origen del la nueva piedra en el zapato en las relaciones entre Foro y PP en Gijón? Curiosamente, aunque no con Guzmán Pendás de por medio, vuelve a tratarse de un asunto de índole social. La empresa municipal Emulsa adjudicó el pasado mes de agosto, previo concurso público, a dos empresas mercantiles de Galicia y de Cataluña la gestión de los contenedores de ropa en las calles de Gijón, gestión que los últimos diez años llevó Cáritas. La entidad católica, disconforme con su eliminación, presentó por entonces un recurso ante la empresa Emulsa en el que, entre otro amplio argumentario, aducía graves defectos de forma tanto en las bases del concurso como en la interpretación de las mismas que, se supone, hizo el jurado calificador para dejarlos fuera del proceso. El citado recurso no fue ni siquiera contestado desde el Ayuntamiento de Gijón y, transcurridos los tres meses legales, es decir, a mediados del mes de noviembre, se aplicó la denegación por el consabido silencio administrativo.
Cáritas quedaba, desde entonces, fuera de la recogida de ropa en los contenedores. Sus responsables máximos a nivel regional se entrevistaron con la alcaldesa de Gijón quien les afirmó desconocer por completo el asunto a la vez que se comprometió a buscar una salida y evitar la expulsión de la entidad cristiana de la labor que venía haciendo los últimos dos lustros. Desde entonces, hace casi dos meses, nada más se supo del tema y Cáritas estaba pendiente de la orden de desalojo de sus casi setenta contenedores y, también, de presentar un contencioso administrativo en contra del Ayuntamiento de Gijón en defensa de sus intereses.
Cuando todo el proceso administrativo apuntaba en esa dirección, un nuevo informe jurídico municipal encargado por la alcaldesa apunta a romper la baraja y habla de “infracciones no subsanables” en el concurso convocado y adjudicado por Emulsa, adornando una terminología jurídica de difícil compresión y que, en todo caso, nunca se puso sobre la mesa en tiempo y forma, cuando los plazos legales para la misma estaban abiertos. Curiosamente, este informa que ahora se saca la alcaldesa de la chistera, defiende buena parte de los postulados que Cáritas argumentó en su original recurso ante Emulsa y que fue denegado por los propios servicios jurídicos del ayuntamiento y por silencio administrativo. A pesar de ello, de esta manera la alcaldesa da un paso al frente para tratar de parar ahora una adjudicación por parte de Emulsa que tiene, cumplidos los plazos legales, todos los parabienes jurídicos y administrativos.
Este referido nuevo informe fue remitido desde Alcaldía a Emulsa para que lo estudie en sus servicios jurídicos y aporte una respuesta a las hipotéticas infracciones suscritas por el mismo, que sería tanto como que los técnicos de la empresa que preside Rodrígo Pintueles reconocieran que los pliegos que ellos mismos elaboraron estarían mal hechos y, por ende, el concurso no es legal y puede ser anulado. Dicho de otra forma, admitir ellos mismos que hicieron una auténtica chapuza. No parece probable que eso vaya a suceder y, por ello, se prevé un nuevo conflicto interno de carácter técnico, pero con importante calado político, entre Foro y el PP. Además, como es obvio, abriría la puerta a posibles reclamaciones judiciales de las empresas afectadas.
Véase, Rodrigo Pintueles y Ramón García Cañal, como máximos responsables de Emulsa, deben formalizar el nuevo contrato que deja fuera a Cáritas so pena de incurrir en un delito de prevaricación, salvo que alcaldía emita una resolución. Eso sí, el recurso administrativo debe pasar por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón que preside Carmen Moriyón a quien, ese caso, le llegaría la ‘patata caliente’ de tener que dar el visto bueno para no incurrir, hipotéticamente, en cuestiones imputables en el ámbito penal. Así están las cosas en este momento con Cáritas a la expectativa y con la sombra de una demanda judicial de la entidad cristiana en contra del ayuntamiento.
Recordar que hace unas semanas, según confirmaron fuentes de Cáritas, fue el propio Rodrigo Pintueles quien les confirmó que la adjudicación del servicio a Insertega y a Fundación Pueblo para el Pueblo era irreversible y les animó a acudir a un proceso legal contra el propio ayuntamiento. También, a requerimiento del representante del PSOE en el consejo de administración de Emulsa, el edil del PP defendió el mismo postulado y la legalidad y transparencia de todo el concurso que, finalmente, desaloja a Cáritas de ese servicio de los contenedores de ropa en las calles.
Queda por determinar ahora no sólo el final administrativo de esta adjudicación, sino las consecuencias políticas. De mano, se apunta a que el PSOE tiene previsto pedir la dimisión de Rodrigo Pintueles por su gestión general en Emulsa y, en concreto, por el caso que nos ocupa, y nadie descarta que la alcaldesa pueda decidir retirar las competencias al edil del PP como ya hiciera con Guzmán Pendás a raíz del conflicto del Albergue Covadonga, retirada de competencias que fue asumida con total naturalidad por el PP de Gijón en boca de su presidente Andrés Ruiz.
Apuntar, por último, que dentro de dos semanas se celebrará la vistilla en un juzgado de Gijón por la demanda presentada por afiliados del PP en relación con la celebración del congreso local de los populares de hace casi dos años, que los denunciantes consideran que no se ajustó a los estatutos del partido incluyendo evidentes ilegalidades, congreso cuya presidencia ostentó también el edil y presidente de Emulsa Rodrigo Pintueles, mano derecha en Gijón del presidente regional del PP Álvaro Queipo.
