IU y Podemos llevarán al Pleno de enero una proposición para ajustar el reglamento y los estatutos a la realidad actual, de modo que realmente «atiendan «respondan a las demandas y fomenten la participación ciudadana en la toma de decisiones»
Independientemente de su trascendencia en la configuración del orden social, no existe regla alguna -ni tan siquiera la Constitución- que no sea, en mayor o menor medida, un elemento ‘vivo’, se obligada modificación para ajustarse a la cambiante realidad del mundo. Bien, si tomamos como válido ese punto, hace ya tiempo que las normas que rigen el funcionamiento del Consejo Escolar Municipal de Gijón permanecen aletargadas. Mucho tiempo, de hecho. Veintiún años, para ser exactos. De ahí que tanto Izquierda Unida (IU) como Podemos hayan aunado esfuerzos para elaborar una proposición conjunta, que será presentada en el Pleno ordinario de este mes de enero, con la que se pretende instar al Gobierno local a que modernice tanto los estatutos como el reglamento de funcionamiento del Consejo, a fin de adaptarlos a las demandas de los ciudadanos y, de paso, mejorar la participación.
«Es consecuencia de la constatación de que el Consejo o está infrautilizado, o se le está extrayendo menos rendimiento del que podría tener», ha expuesto esta mañana el concejal de IU Alejandro Farpón, en el transcurso de un acto, el de presentación de la propuesta, en el que ha estado acompañado por la portavoz de Podemos Xixón, Olaya Suárez. Ha sido esta última la encargada de detallar algunas de esas irregularidades; por ejemplo, el «incumplimiento de los plazos para convocar el Consejo, o la Comisión Permanente, o el que esta última se celebre después del Consejo, cuando debería ser antes». Tampoco se están realizando «Comisiones de Trabajo y, cuando se han pedido para abordar el tema de las obras en colegios, se han denegado». Por no hacer, ni siquiera «se hacen los informes anuales que estipula la ley», dinámicas todas que, para erradicarse, precisan «mayor control y seguimiento».
Todo lo anterior hace referencia a cuestiones de funcionamiento, pero es que ni siquiera el objetivo para el que el Consejo fue creado, posibilitar la participación ciudadana en la toma de decisiones del ámbito educativo, se está alcanzando debidamente. De entrada, ha ahondado Suárez, «el tejido educativo ya no lo forman solo el alumnado, las familias y los docentes; hay también personal no docente, que no está representado». Sí lo están los trabajadores de los centros, pero no «sus equipos directivos, que tendrían que contar con voz». Esa es, en palabras de Farpón, la «gran ausencia», pues impide que esos centros cuenten con una postura propia, distinta de la de sus plantillas. Y, muy importante, a juicio de ambos partidos se debería potenciar la presencia de otras Administraciones ajenas a la Concejalía de Educación, como la de Obras o la Consejería de Educación del Principado.
Así las cosas, la esperanza de IU y Podemos es granjearse el apoyo del resto de formaciones, y abrir la puerta a la actualización de esos documentos redactados en 2004, y e videntemente desfasados. Será, concluyen, la forma de devolver al Consejo el rol que merece tener dentro de la estructura de funcionamiento municipal, y de hacer que esa participación que posibilita sea lo suficientemente amplia, ecléctica, eficaz y democrática.
