La nueva financiación amenaza el equilibrio económico de regiones como Asturias
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha elevado este viernes el tono contra el nuevo modelo de financiación autonómica presentado por el Gobierno central y pactado con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), hasta el punto de pedir la convocatoria de elecciones generales. El dirigente socialista considera que la propuesta supone “el mayor ataque a la igualdad de los españoles” y ha advertido de que prefiere que “hablen los españoles” antes de que “los independentistas decidan cómo se reparte la riqueza de España”.
Desde Alcoba de los Montes (Ciudad Real), García-Page calificó la jornada como “dolorosa” y aseguró que no participará “bajo ningún concepto” en lo que definió como un “suicidio político de la izquierda”. A su juicio, el modelo impulsado por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rompe con el principio de progresividad fiscal y abre la puerta a un sistema “regresivo”, en el que “las comunidades que más tienen acaban llevándose más”.
El dirigente castellanomanchego criticó que la reforma se haya negociado de forma bilateral con ERC y no en un marco multilateral. “Es intolerable que en España se pacte el modelo de financiación de todos con unos independentistas y luego se sirva el plato frío al resto”, afirmó, tras denunciar que el Ejecutivo haya presentado “argumentos ininteligibles y caóticos” para justificar una propuesta que, a su entender, no tiene viabilidad parlamentaria.
Page también cargó contra la introducción del principio de ordinalidad, que permitiría a determinados territorios mantener una posición privilegiada en el reparto de recursos. “Pasar de un modelo de redistribución justa de la riqueza a uno de ordinalidad es probablemente el mayor ataque a la igualdad de los españoles”, subrayó, en una crítica que conecta directamente con el debate abierto en comunidades como Asturias.
En el Principado, el pacto entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC ha generado una fuerte reacción política. El consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo autonómico, Guillermo Peláez, ha reclamado la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y ha defendido que la reforma “no puede ser un contrato de adhesión”, sino el resultado de una negociación en la que participen todas las comunidades. Peláez insiste en que Asturias debe preservar los acuerdos alcanzados en la Junta General y la Declaración de Santiago, que rechazan los pactos bilaterales.
Desde la oposición, el PP de Asturias y Foro han ido más allá al acusar al Gobierno central de romper la solidaridad interterritorial. El presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, considera que el acuerdo con ERC es “una agresión directa” al Principado, mientras que Foro advierte de que se pone en riesgo la financiación de los servicios públicos.
En este contexto, la ofensiva de García-Page añade presión interna al PSOE y refuerza un debate que en Asturias se vive con especial inquietud: cómo garantizar un reparto justo de los recursos que tenga en cuenta factores como el envejecimiento de la población y la dispersión territorial, sin que el equilibrio territorial quede supeditado a acuerdos políticos con los socios independentistas del Gobierno.
