La Asociación de Propietarios de Vivienda contra la Inseguridad Jurídica (APROVIJ) se muestra crítica con el consejero de Vivienda por minimizar «el impacto del RDL 11/2020» y le pide «que asuma su responsabilidad» y que «adopte soluciones estructurales reales»
Una declaraciones efectuadas por Ovidio Zapico, consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, «en las que minimiza el impacto del RDL 11/2020 afirmando que ‘no son muchos casos’ y que ‘no existe la alarma de la que hablan PP y VOX’, apoyándose en que únicamente 59 arrendadores han recibido compensaciones por el perjuicio sufrido» han provocado la reacción de la Asociación de Propietarios de Vivienda contra la Inseguridad Jurídica (APROVIJ), que asegura que «este dato, lejos de demostrar que el problema sea menor, evidencia precisamente el fracaso del sistema». Así, expresa que esta cifra «no significa que haya pocos afectados, sino que el procedimiento ha sido insuficiente, lento y opaco, dejando fuera a numerosos propietarios que incluso desconocen la existencia de dicha compensación».
Los afectados por la ‘inquiocupación’ apuntan que «desde la propia consejería se ha venido trasladando que no se compensaría hasta el levantamiento de la suspensión de los procedimientos o hasta la caída de la norma, algo que no ocurre, ya que el RDL 11/2020 ha sido prorrogado en doce ocasiones, acumulando más de seis años de vigencia, sin que las administraciones públicas competentes hayan buscado una alternativa habitacional para esas personas». Y que no figura de manera clara en la web del Gobierno, cuestión que solicitaron resolver a Zapico en persona en una reunión celebrada el mes pasado —«solicitada en febrero», señalan— «con el fin de aportar transparencia y facilitar la gestión tanto a los administrados como a los funcionarios». «Conviene recordar, además, que esta compensación no cubre la totalidad de la deuda del inquilino, sino únicamente el periodo comprendido desde el auto judicial de suspensión, cuando hasta ese momento pueden haber transcurrido dos años y medio de impagos», añaden.
APROVIJ señala que el responsable de Vivienda «reconoce que los afectados son ‘caseros normales’, no grandes tenedores. Y efectivamente lo son: pensionistas y trabajadores con hipotecas, que no viven de las rentas y que llevan años sin cobrar alquileres que, de media, rondaban los 485 euros mensuales. Personas que, pese a pagar impuestos y cumplir la ley, están siendo obligadas a sostener una política social que corresponde exclusivamente a la Administración». Estos propietarios, recalcan, no piden «cobrar compensaciones indefinidamente ni recibir bonificaciones, sino dejar de ser expropiados de facto, que se les devuelva su vivienda. Y eso solo se consigue de una manera a nivel autonómico: ofreciendo una alternativa habitacional a los inquilinos, algo que el propio consejero afirma que afectaría a ‘poca gente’. Si es así, resulta incomprensible que no se resuelva de forma inmediata».
Un real decreto que lleva a una «subida de precios»
Críticos con las diferentes prórrogas de la RDL 11/2020 al considerar que enmascara el problema, provocando una «inseguridad jurídica» que lleva, aseguran, a «la retirada de viviendas del mercado del alquiler y, como consecuencia directa, la subida de precios que sufre el conjunto de la sociedad, así como la exclusión de los colectivos vulnerables que el propio decreto pretende proteger», esto es, «unidades familiares con ingresos inferiores a 1.800 euros, con menores, mayores de 65 años o personas con discapacidad», apuntan que «desde nuestra experiencia como asociación, los casos de verdadera vulnerabilidad son minoritarios. Cuando existe una vulnerabilidad real, los servicios sociales emiten informes favorables a la Consejería de Vivienda y se asigna vivienda pública». «En la mayoría de los casos actuales esto no ocurre porque no cumplen los requisitos exigidos, aunque sí son declarados vulnerables conforme a los criterios del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030», lamentan.
Después de denunciar que la situación de la vivienda social en Asturias es «insuficiente», APROVIJ exige a Zapico «que asuma su responsabilidad, ponga fin a este parcheo permanente y adopte soluciones estructurales reales: vivienda pública suficiente, gestión eficaz y alternativas habitacionales inmediatas. Todo lo demás es señalar chivos expiatorios para ocultar la falta de gestión».
