La empresa acudió a Grado para amedrentar al ocupante de una vivienda que, presuntamente, lleva cinco años sin pagar el alquiler; las tácticas incluyen amenazas de bloqueo de acceso o una supuesta autorización de Delegación del Gobierno para intervenir, y su rostro ha sido publicado en redes
Envueltas en el debate sobre la legalidad, la eficacia y la moralidad de sus métodos, las empresas especializadas en el desalojo de viviendas supuestamente ‘okupadas’ continúan proliferando en España, ganando clientes y creciendo al calor de la imparable escalada de precios que sufre el sector inmobiliario nacional. Su catálogo de servicios se ha convertido en el recurso predilecto de muchos propietarios deseosos de acelerar o, directamente, esquivar los, a menudo, lentos procesos burocráticos de lanzamiento, pero también, en un foco frecuente de polémicas por el carácter de sus acciones, usualmente en la frontera de la legalidad. Y, en las últimas horas, Asturias ha pasado a protagonizar uno de tales debates. La razón ha sido la visita a Grado de la compañía vallisoletana DesokupaCyL, que preside Luis Ángel Núñez –de perfil público en Facebook-, y que fue contratada para desalojar cierto inmueble ubicado en San Pelayo, a orillas de la carretera N-634, y cuyo inquilino, presuntamente, lleva cinco años sin pagar el alquiler. Las tácticas desplegadas por el propio Núñez, a la cabeza de la operación en cuestión, están dando que hablar en redes, topándose con una nutrida legión de defensores… Pero, también, con no pocos detractores, críticos con la ética e, incluso, con la legalidad de los mismos.
De entrada, el vídeo de la intervención, publicado en las cuentas de Instagram y Facebook de la empresa, resulta un tanto sorprendente en lo visual. Llama la atención -y así lo reflejan varios comentarios- el logotipo de DesokupaCyL, muy similar en forma, diseño y colores al escudo oficial de la Policía Nacional, aunque sin llegar a reproducirlo exactamente, lo que descarta, a priori, una posible suplantación de funciones públicas. Además, tras una escueta introducción en la que Núñez informa de la razón de su presencia en la localidad, la cámara se traslada al edificio, enfoca al supuesto ‘okupa’… Y, durante una fracción de segundo, su rostro resulta perfectamente visible, antes de ser pixelado durante el resto de la grabación. Quizá parezca un detalle menor pero, en la práctica, podría ser constitutivo de una vulneración de los derecho a la propia imagen y a la protección de datos. Máxime teniendo en cuenta que Núñez acusa directamente al susodicho de haber causado «muchísimo daño» a la anterior propietaria de la vivienda, forzándola a «vender la casa bastante más barata por estar este individuo dentro, ‘okupándola’ ilegalmente». La veracidad, o no, de la afirmación concerniente a esa transacción económica no ha podido ser confirmada por este diario.
Ese aspecto, el del trato verbal, es el que más está nutriendo el debate. A los intentos del inquilino -hombre de edad avanzada- de defenderse, argumentando que «estaba pagándole al dueño», Núñez contraataca afirmando que «no paga usted un duro». Acto seguido, pide al hombre que desaloje el inmueble en un mes, «si no quiere que le monte aquí un control de acceso y que, una vez que salga, no pueda usted entrar». Una amenaza que ha llevado a algunos a preguntarse si, en la práctica, un empresario como el líder de DesokupaCyL tiene autoridad para hacer tal cosa. La respuesta rápida e imprecisa, atendiendo a la ley, es sí: es posible emplazar un punto de control -un vigilante de seguridad, por ejemplo- a la entrada de una propiedad privada, y reservarse el derecho de admisión, como ocurre en las discotecas o festivales. No obstante, como todo cuanto concierne a la legislación, abundan los matices sujetos a interpretación: que la empresa esté debidamente acreditada para prestar ese servicio, que sus profesionales cuenten con el adiestramiento adecuado, que el ocupante no demuestre estar residiendo de forma continua en el lugar, que no medie una condición de vulnerabilidad…
Todos esos detalles, que complican la cuestión hasta el punto en que solo un juez podría dirimirla, no impiden a Núñez asegurarle al inquilino que «el permiso se pide a Delegación del Gobierno y a la Policía Nacional, o a la Guardia Civil», lo que, siempre según sus palabras, permitiría que «lo que yo haga vaya a ser totalmente legal». Fuentes policiales extraoficiales, consultadas por este periódico, indican que se trata de uno de los muchos modus operandi de estas empresas: ‘engordar’ su autoridad y arrogarse una competencias superiores a las que realmente tienen para, con suerte, intimidar al receptor del mensaje y llevarle al abandono del inmueble. En el caso de Grado el aludido, desesperado, reitera que «paga» y plantea a su interlocutor el problema que entraña «quedarme aquí, en la calle; yo no tengo dinero para marcharme», pero Núñez replica que «lo que no va a hacer el nuevo propietario es darle a usted dinero porque sí». Finalmente, tras pedirle su número de teléfono para futuros contactos, el empresario abandona la escena, no sin antes recordarle al presunto ‘okupa’ que «yo soy una persona muy conocida en España» aunque, matiza dirigiéndose a uno de sus subordinados, «buena gente».
Como se ha dicho, desde la publicación del vídeo, hecha en la noche de este lunes, los comentarios, positivos y negativos, se han ido sucediendo en las redes. Por ahora, son los primeros los que parecen estar ganando el partido del relato; en varias entradas se aplaude la forma de obrar de Núñez y los suyos, calificando al inquilino de «pulgoso», y hasta metiendo en la ecuación al presidente del Principado, Adrián Barbón, al sugerir que el dirigente «estará encantado de cederle su casa gratis». No obstante, tampoco escasean los reproches, que oscilan desde simples adjetivos más o menos insultantes, como «gamberro» o «extorsionador», hasta mensajes premonitorios, como un «no sabes dónde te estás metiendo» que alude a la supuesta dureza de carácter de los habitantes de Grado. Dentro de esa horquilla también están aquellos que recuerdan al equipo de DesokupaCyL que «no hagáis el trabajo de los jueces»; quienes censuran que «no es forma de tratar a la gente mayor», y los que se burlan del realismo de poner a un vigilante de seguridad contratado a la puerta del domicilio de la discordia. Incluso el logotipo de la empresa ha despertado ciertas chanzas, dado su mencionado parecido con el escudo de la Policía Nacional.
