Los distintos partidos coinciden en oponerse a la propuesta de financiación autonómica y reclaman una negociación multilateral que tenga en cuenta el envejecimiento y la dispersión poblacional
Asturias ha escenificado este martes un rechazo político prácticamente unánime a la propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica planteada por el Ministerio de Hacienda, encabezado por María Jesús Montero. Tanto el Gobierno del Principado como la mayoría de los grupos parlamentarios han coincidido en que el modelo, tal y como está formulado, perjudica a la comunidad y no garantiza la sostenibilidad de los servicios públicos a medio y largo plazo. La oposición a la propuesta quedó reflejada en la reunión de la Mesa de Financiación del Principado, celebrada este martes en la sede de Presidencia en Oviedo, con la participación de representantes del PSOE, PP, Convocatoria por Asturias-IU, el diputado del Grupo Mixto Adrián Pumares (Foro Asturias) y Laura Tuero, en representación del equipo de Covadonga Tomé (Somos Asturies). Por parte del Ejecutivo autonómico asistieron la vicepresidenta Gimena Llamedo, el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, y la directora general de Presupuestos, María del Mar García Salgado. Vox, pese a contar con representación en la Junta General, no forma parte de este órgano.
Tras una reunión de algo más de una hora, los participantes coincidieron en rechazar el modelo de financiación, si bien plantearon distintas estrategias de actuación de cara a las negociaciones futuras con el Gobierno central. El Ejecutivo autonómico evitó realizar declaraciones tras el encuentro, remitiéndose a la posición ya fijada previamente. Esa posición fue expuesta por el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, tras la reunión del Consejo de Gobierno, en la que el Ejecutivo analizó en profundidad la propuesta ministerial. Peláez fue contundente al señalar que, si Asturias tuviera que votar el modelo en sus términos actuales, votaría en contra, ya que con este planteamiento «el Principado pierde» y no se ofrecen garantías suficientes para asegurar la financiación de los servicios públicos en el futuro.
El Gobierno asturiano defiende que el nuevo sistema de financiación tenga en cuenta criterios estructurales como la orografía, el envejecimiento y la dispersión de la población, elementos que considera esenciales para comunidades como Asturias. Estos principios, recordó Peláez, están recogidos tanto en la Declaración de Santiago, suscrita con otras siete comunidades autónomas, como en el acuerdo de financiación respaldado por todos los grupos de la Junta General salvo Vox. A su juicio, estos planteamientos chocan con la tendencia a la ordinalidad del modelo propuesto por Hacienda, en el que «el Noroeste y sus singularidades no aparecen representadas».
En el plano político, la portavoz del PSOE, Dolores Carcedo, confirmó el rechazo a la propuesta y recordó la necesidad de defender los intereses asturianos en las mesas de negociación que se abrirán. Desde IU-Convocatoria, Xabel Vegas reconoció que el planteamiento contiene algunos elementos positivos, aunque insistió en que otros deben ser renegociados. Laura Tuero reclamó al Ejecutivo autonómico una postura más firme frente al Gobierno central.
Las críticas más duras llegaron desde el PP, cuyo portavoz Luis Venta se mostró partidario de descartar directamente la propuesta al considerar que surge de un acuerdo bilateral entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ERC. En una línea similar, el diputado de Foro Asturias, Adrián Pumares, calificó el proceso como mal planteado desde su inicio y se mostró poco optimista respecto a su desenlace.
