La exconsejera de Industria asegura que todos los proyectos sobre la mina contaban con informes técnicos y jurídicos favorables
La exconsejera de Industria y exdirectora general de Minería, Belarmina Díaz, aseguró este viernes que en la Dirección General de Minas “no se firmaba ningún papel sin que viniese avalado por los informes correspondientes, tanto técnicos como jurídicos”, y defendió que nunca rubricó documento alguno que no contara con esos respaldos. Díaz afirmó además que desconocía “completamente” el entramado empresarial y la relación familiar existente entre las empresas Combayl y Blue Solving antes del accidente registrado en 2025 en la mina de Cerredo.
Así lo manifestó durante su comparecencia en la Comisión de Investigación del accidente ocurrido el 31 de marzo de 2025, en el que fallecieron cinco mineros y otros cuatro resultaron gravemente heridos. En su intervención, Díaz insistió en que en las propuestas de resolución que firmó no figuraban los nombres de las personas físicas implicadas, sino únicamente los de las empresas, por lo que aseguró desconocer cualquier vínculo familiar entre sus responsables. “Quiero dejar muy claro que yo desconocía la relación familiar existente entre esas personas”, subrayó, añadiendo que el nombre de Chus Mirantes le resultaba vagamente familiar, pero sin conocer su identidad ni apellidos.
La exconsejera afirmó no haber visto “nunca en su vida” a los propietarios o familiares de las empresas implicadas. Sí reconoció haberse reunido en dos ocasiones con el director facultativo de la mina, José Antonio Fernández Casillas, a quien ya conocía por su pertenencia a la Comisión de Seguridad Minera.
Díaz recordó que ocupó la Dirección General de Minería y Energía desde junio de 2017 y que posteriormente asumió la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Comercio, cargo que abandonó el 16 de abril de 2025 tras presentar su dimisión. En relación con el caso de Cerredo, explicó que Blue Solving no era la misma empresa en la que se produjo el accidente mortal de 2022, ya que se había producido una transmisión de derechos y se trataba de un nuevo proyecto con distinto director facultativo.
Según detalló, el Proyecto de Investigación Complementaria presentado pasó todos los trámites administrativos, contó con informes técnicos favorables y estaba sujeto a condiciones muy concretas, entre ellas la prohibición expresa de extraer y comercializar carbón y la obligación de presentar un plan de labores, requisito que no se cumplió. Díaz recalcó que la extracción de carbón que se produjo fue “ilegal” y “no autorizada”.
Finalmente, se refirió a su dimisión, reiterando que la tomó por respeto a las familias de los mineros fallecidos y para proteger a la suya propia, al considerar que apartarse del cargo era la mejor forma de facilitar el esclarecimiento de los hechos.
