Carreras ilegales, dobles filas y un vacío de autoridad que nadie quiere asumir en Gijón
Hay un diagnóstico cada vez más extendido en Gijón que trasciende ideologías y bloques políticos. No es un eslogan ni una consigna interesada, sino una percepción sostenida en hechos cotidianos: la presencia de la Policía Local es insuficiente en momentos y espacios clave de la ciudad. No se trata de una ausencia absoluta, sino de una falta de intervención efectiva cuando el riesgo es evidente.
Conviene aclararlo desde el inicio: el problema no reside en los agentes como profesionales. La Policía Local actúa conforme a los recursos disponibles, a las instrucciones recibidas y a un marco normativo que limita su capacidad de actuación. Por tanto, la cuestión de fondo no es operativa, sino política: qué modelo de seguridad se define desde el gobierno municipal y qué prioridades se establecen en su despliegue.
La actual corporación ha heredado carencias estructurales de la etapa socialista, pero ha optado por convertir la falta de personal en un argumento comodín que sirve para justificar cualquier disfunción: ausencia de vigilancia en barrios, caos circulatorio recurrente, escasa respuesta preventiva ante situaciones de riesgo y una creciente sensación de impunidad en determinadas conductas. Cuando una misma explicación pretende dar cobertura a todos los problemas, deja de ser una causa y se convierte en una coartada.
Las consecuencias no son abstractas, se viven en primera persona. Esta misma semana, en la zona de Somonte, durante casi media hora comenzaron a concentrarse coches, acelerones, derrapes y maniobras temerarias. Familias que estaban en un local cercano no se atrevían a marcharse por miedo a que algún conductor irresponsable los arrollara. Se avisó a la Policía Local. La patrulla tardó en llegar y, cuando lo hizo, su intervención fue mínima. Poco después, la realidad golpeó con toda su crudeza: una carrera ilegal acabó con varios heridos y un amplio despliegue de emergencias.
Es cierto que Somonte se encuentra en una zona donde las competencias de tráfico recaen en la Guardia Civil. Nadie lo discute. Pero las limitaciones administrativas no pueden convertirse en una coartada permanente. Con más efectivos disponibles y una coordinación real y ágil entre cuerpos, probablemente el desenlace habría sido distinto. La prevención también es una forma de actuar, incluso cuando no se es la autoridad sancionadora principal.
A este vacío competencial se suma un problema basal que nadie quiere abordar con valentía: la falta de recursos humanos. Cuando no hay suficientes patrullas, cualquier protocolo de colaboración se queda en papel mojado. Y el resultado vuelve a ser siempre el mismo: una zona sin control efectivo durante demasiado tiempo.
El desorden también se manifiesta en situaciones cotidianas fácilmente observables. A las puertas de varios centros educativos de Gijón, en horas punta, se repiten dobles filas prolongadas, pasos de peatones bloqueados y maniobras que ponen en riesgo directo a menores. No es una situación puntual ni invisible: ocurre a diario y ante la mirada de todos. La ausencia de vigilancia sistemática transmite un mensaje claro de permisividad.
Frente a esta realidad, el gobierno municipal exhibe como logro la inauguración de una nueva comisaría fruto de una inversión millonaria prolongada durante años. Sin embargo, la seguridad no se mide en metros cuadrados ni en edificios modernos, sino en presencia efectiva y capacidad de intervención. Cuando se planteó reforzar la plantilla mediante una enmienda presupuestaria de Vox, esta fue rechazada. No fue una imposibilidad técnica ni legal, sino una decisión política explícita.
Al mismo tiempo, se ha reforzado la asignación de efectivos a labores de protección directa de la Corporación municipal, mientras se mantiene una dotación insuficiente en las calles. Esta redistribución de recursos revela una jerarquía de prioridades que resulta difícil de justificar desde el interés general.
El resultado es una Policía Local contenida por decisiones políticas que parecen evitar una mayor visibilidad y control por temor a generar conflicto con determinados sectores sociales, como se ha evidenciado en debates recientes relacionados con el Albergue Covadonga o el denominado ‘botellódromo’. Sin embargo, eludir el problema no lo resuelve. Gijón necesita más patrullas visibles, más control vial y una estrategia de seguridad coherente con la realidad urbana. A la vista de las decisiones adoptadas, la falta de actuación no responde tanto a una incapacidad objetiva como a una elección política. Y mientras esa elección se mantenga, la ciudad seguirá asumiendo el coste.
Hace un par de meses, un día de semana tuvo lugar una competición deportiva de nuños en el palacio de deportes coincidiendo con un día de lluvia. Yo no iba en dirección al palacio pero llego el momento en el que el atasco afectaba a la rotonda de la huia produciendo un embotellamiento que llegaba hasta la rotonda de la pecuaria. Llamé a la policía sencillamente para avisarles por si no tenían conocimiento de ello….la respuesta….»hay un evento en el palacio así que es lo que hay….paciencia»…directamente le pregunte entonces que si no tenían intención de venir a regular el tráfico y la respuesta fue simple «NO»