Algunos premiados critican el acuerdo de reparto propuesto por la comisión y estudian acudir a la Guardia Civil
El conflicto generado en Villamanín (León) tras el reparto del Gordo de Navidad continúa lejos de resolverse. A pesar de que la comisión de fiestas del municipio ha publicado ya su quinto comunicado oficial para aclarar la cuantía real del premio y el mecanismo de cobro, entre los agraciados persiste el malestar, la desconfianza y la sensación de que las explicaciones siguen siendo insuficientes. Algunas voces, incluso, empiezan a plantear la vía judicial como única salida.
Es el caso de Belén Fernández, vecina de Gijón, cuya familia adquirió una de las papeletas premiadas con el número 79432. Tras leer el último comunicado difundido por la comisión en la página oficial de Facebook de las fiestas, su valoración es contundente. “Estamos absolutamente igual. Me parece una tomadura de pelo y muchísima jeta. No han aclarado nada, no han dado ninguna cronología de los hechos, de cómo pasó todo aquello”, lamenta.
El origen del problema sigue siendo el mismo: se vendieron más participaciones premiadas de las que correspondían a los décimos realmente comprados. Durante semanas, además, circularon cifras erróneas sobre el montante total del premio. La comisión ha tratado ahora de zanjar este punto aclarando que el dinero disponible no asciende a los 36 millones de euros que se difundieron inicialmente, sino a 26.568.000 euros, resultado de multiplicar los 328.000 euros netos por décimo —ya descontados impuestos— por los 81 décimos que sí fueron llevados a Loterías.
Ese es el fondo real que permanece ingresado en la cuenta bancaria abierta a nombre de la Asociación y desde el que se deberán efectuar los pagos. Sin embargo, la solución propuesta sigue generando rechazo entre una parte de los agraciados. La comisión ha anunciado la próxima puesta en marcha de una plataforma web obligatoria para el registro de los premiados, actualmente en fase final de pruebas de seguridad. Solo quienes se registren podrán reclamar el premio, y deberán elegir entre dos opciones.
La primera pasa por aceptar el acuerdo aprobado en la asamblea del 26 de diciembre, que implica una quita provisional del 10% del premio —unos 8.000 euros brutos por papeleta— a cambio de un cobro más rápido y sin complicaciones legales. La segunda permite reclamar el 100% del importe, pero asumiendo un proceso más largo, costes judiciales y posibles retrasos que, además, afectarían al calendario de pagos del resto de premiados.
Para Belén Fernández, este planteamiento es inaceptable. “El acuerdo implica una quita del 10%, así porque sí. Si me lo permiten mis suegros, presento una denuncia en la Guardia Civil y que se investigue, que se sepa qué hizo cada cual y en qué momento”, señala. Aunque la papeleta no está a su nombre, explica que el enfado va en aumento entre los afectados. “La gente ya se está cabreando, y con razón. He hablado con otra compañera que también tenía papeleta y se lo está pensando”, añade.
La comisión ha fijado como fecha límite para completar todo el proceso el 22 de marzo de 2026 a las 24:00 horas. Pasado ese plazo, el derecho a cobrar el premio caducará. Además, se habilitarán jornadas de registro presencial en Villamanín y en León capital para facilitar el trámite a quienes tengan dificultades con el proceso digital.
Mientras tanto, el conflicto sigue dejando una profunda fractura social en el municipio. “Ha sido un infierno y esto no se olvida”, reconocen vecinos del pueblo en otras informaciones recientes.
A la espera de que la plataforma entre en funcionamiento y de que los 250 vecinos agraciados tomen una decisión, el ‘caso Villamanín’ continúa abierto, con la sombra de los tribunales cada vez más presente y la convivencia local seriamente dañada.
