La carencia de un jefe de la oficina municipal de Mercados y Consumo desde hace algo más de un año hace que el servicio esté, desde entonces, inoperativo, sin que se dé ni siquiera curso a las denuncias ni, por supuesto, se celebra arbitraje alguno de conciliación. Cita que es una de las atribuciones delegadas por la alcaldesa al Partido Popular. Medios económicos, los justos
No es que yo lo desee, pero pongámonos en el casual de que usted quiera, como ciudadano de a pie, presentar un requerimiento o denuncia en la Oficina Municipal de Consumo, ahora denominada Servicio de Mercados y, eso, de Consumo. Pongamos que ha visto un juguete que puede resultar peligroso para los niños, o que le han cobrado de manera abusiva en un establecimiento, o que tal o cual alimento de venta al público no se encuentra, en su opinión, en estado correcto. Pongamos, en suma, que, como vecino responsable, quiere acudir a un estamento municipal a reclamar sus derechos y exigir que se cumpla la normativa legal en evitación de males mayores. Pongamos que quiere hacer todo lo antedicho y acude a la antigua Pescadería Municipal donde está ubicado el citado Servicio de Consumo. ¿Cuál será el resultado de tan encomiable y cívica postura? Pues, para qué negarlo, más bien escaso. Será atendido, eso seguro, por los funcionarios asignados al efecto, pero la operatividad de la denuncia será prácticamente nula. Su destino, con toda probabilidad, será morir apolillada en un cajón en forma de montón de expedientes varios y rodeada de telarañas. ¿Cómo es posible? Vayamos a ello.
La Oficina Municipal de Consumo, vamos, el servicio donde está inmersa, para empezar (y casi terminar), se encuentra sin jefe responsable desde el mes de diciembre de 2024, cuando quien ostentaba esa responsabilidad, y previa solicitud interna, fue asignada (era una mujer) a un puesto de trabajo diferente en la estructura municipal. Desde entones, la citada plaza está vacante y su despacho vacío. También todas sus competencias, que son casi todas. Luego, uno de los elementos diferenciales de esta oficina a lo largo de su historia, la presencia activa de dos inspectores de control que, al menos durante años, eran a la sazón policías locales, ha desaparecido. Esa labor de inspección permanente ya no se realiza prácticamente nunca con lo que se pierde un nivel de operatividad más que importante.
Pero es que, además, se da también por desaparecida (como la figura del jefe) la relativa al arbitraje donde, a modo de juicio entre particulares, se trataba de poner de acuerdo a denunciante y denunciado con un veredicto de obligado cumplimiento por parte del afectado. No puede haber arbitraje porque, para ello, previamente el jefe del servicio debe de decidir abrir un oficio posterior al expediente que provoca la denuncia y, en su caso, comunicarlo al denunciado. Como no hay jefe, no hay oficio, y ahí se corta la cadena. Los ‘soldados de a pie’, véase funcionarios informantes, no tienen capacidad legal para hacerlo. Luego, aunque la tuvieran, que no es el caso, tampoco podría existir el arbitraje porque el presidente de esa Junta Arbitral, que debe de ser abogado, tendría que ser también el jefe del servicio, que no existe hace trece meses. En suma, la operatividad de esa oficina municipal al consumidor es nula, o casi, y de poco han servido las denuncias (que paradoja) que a ese respecto han presentado los sindicatos o, al menos, alguno de ellos.
Recordar, porque ello tiene su relevancia, que este servicio de mercados y de consumo es responsabilidad directa del Partido Popular en el Ayuntamiento de Gijón y el edil responsable (y quien se come este marrón) es Abel Junquera. Ello quiere decir que esta precariedad y falta de medios y presupuesto se puede enmarcar en las permanentes quejas del PP en el sentido de que la parte mayoritaria del gobierno local, es decir, Foro, les esquilman sus parcelas de control y los dineros municipales suelen caer siempre, sus cifras gordas, en las parcelas que gobiernan los ediles que controla de forma directa la alcaldesa Carmen Moriyón.
Sea como fuere, en las actuales circunstancias, mejor uno se puede abstener de presentar denuncia alguna ante esta oficina (salvo intencionada pérdida de tiempo), aunque, es conveniente recordar, debe de estar operativa por ley y, además, cuenta con ayuda económica para su sostenimiento por parte del Gobierno del Principado que, a su vez, puede remitir sus propias denuncias de consumo al ámbito local. ¿Cuál será su destino? Posiblemente morir en un papel amarillento y apolillado, al menos hasta que alguien decida resucitar la figura del jefe de ese servicio y pueda, si así lo estima, poner en marcha un tractor que se ha quedado hace más de un año sin gasolina.
Y hablando de gasolina, sobrado debía ir de combustible el joven que estuvo a punto de originar una masacre en el polígono de Somonte tratando de hacer gala de destreza al volante de su vehículo en las ya más que habituales carreras ilegales. Hacer el payaso a los mandos de un arma de cuatro ruedas que puede ser letal no deja de ser un ejercicio de irresponsabilidad, no siempre bien penado, y del que el protagonista llega a salir hasta airoso con livianas cuantías económicas en forma de sanción. No se llevó la vida de varios jóvenes por delante de puro milagro, pero no se puede olvidar, ni obviar, que éstas víctimas formaban parte también del circo, de la astracanada ilegal, por lo que resulta estrambótico pensar, y escuchar, que alguna de ellas se plantea presentar denuncia por tales hechos. Allí, en el circuito ilegal, estaban de manera voluntaria porque, que se sepa, en Somonte no abundan los lugares de ocio diurno, ni mucho menos, nocturno.
Al margen del episodio protagonizado por esta pandilla de irresponsables, no deja de llamar la atención que, cuando estalla la bomba, vamos, cuando el coche se lleva por delante todo lo que sale a su paso, la primera llamada de socorro, como fue el caso, suele ser a la Policía Local. Allí, al polígono, llegan raudos los agentes y se encuentran con un panorama desolador, pero lo único que pueden hacer es actuar como un ciudadano más, es decir, llamar a la Guardia Civil que es la que tiene competencias en esos entornos. Los agentes locales no pueden ni siquiera presentar una denuncia, salvo que lo hagan a título particular. Somonte no es su territorio. Sucede lo mismo en caso de una reyerta en pleno casco urbano. La competencia, en ese caso, es del Cuerpo Nacional de Policía.
A raíz de lo acontecido en Somonte y esa carrera ilegal, no son pocas las voces, sobre todo de la Policía Local, que apuntan a la necesidad de redefinir en una Junta Local de Seguridad esas competencias, todas en general, para que cada cuerpo sepa a qué atenerse en cada circunstancia y lugar, claro que los celos pueden, en ocasiones, ser más relevantes que el puro sentido común. Juntarse sus responsables sólo para repartirse halagos es bastante poco operativo. ¡Igual presentando una denuncia en la Oficina Municipal del Consumidor! Bien pensado, mejor abstenerse. Visto lo visto, en la actualidad, al menos en esta concreta parcela, Gijón más bien consume al consumidor.
