El sindicato, que habla de «seis denuncias semanales en Asturias», lanza una campaña de concienciación dirigida a las familias, y pensada para visibilizar un «problema estructural que deteriora el clima escolar y afecta a toda la comunidad educativa»
Hay un hartazgo palpable en lo más profundo de la comunidad educativa española. Un sentimiento de desgaste, a menudo, aderezado con unas dosis de temor, que nace del que se ha convertido en uno de los grandes problemas que dicho ámbito padece: la endémica y creciente marea de agresiones que una parte del alumnado perpetra contra sus profesores. En Asturias, semejante dinámica ha llegado a alcanzar las seis denuncias semanales por ataques físicos, amenazas, insultos o situaciones de presión grave en el ejercicio de la labor docente. Y la paciencia de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se ha agotado. El ente sindical ha lanzado esta semana una nueva campaña de sensibilización que, bajo el eslogan ‘¡No somos sacos de boxeo!’, pretende llamar a los familiares de los estudiantes en particular, y a la sociedad en general, a sumarse a la lucha contra un mal que califican de «estructural», y que requiere de una dosis de respeto, colaboración y corresponsabilidad para ser atajado de raíz. Y cuanto antes.
«La educación es una tarea compartida que exige colaboración y límites claros por parte de todos los agentes implicados«, recuerdan desde CSIF, en un mensaje claramente dirigido a los padres y tutores de los alumnos asturianos. Y es que, recalcan los integrantes del sindicato, es en el hogar, y desde las etapas más tempranas del desarrollo del menor, donde y cuando debe comenzar la formación en esos valores que, a tenor de los hechos, parecen estar atravesando un periodo de franca decadencia. Así lo parecen demostrar las cifras, con «docenas de casos» que, si bien no siempre derivan en denuncias formales o en bajas médicas de larga duración, sí «constituyen un problema persistente que deteriora el clima escolar, y afecta tanto al profesorado como al propio alumnado». Un profesorado, por cierto, al que CSIF hace destinatario del segundo gran mensaje de la campaña: la conveniencia de denunciar siempre que se registre una situación como las anteriormente descritas para, así, «activar los mecanismos de protección, dejar constancia oficial de los hechos y evitar situaciones de indefensión, obligando a la Administración a actuar con las herramientas legales de las que dispone«.
En la raíz de esa petición del sindicato no se halla solo el afán de evitar la impunidad de los autores. Hay algo mucho más empírico, tangible… Directo, si se prefiere. Una suerte de llave capaz de abrir cierta puerta normalmente cerrada. Porque la denuncia, recuerdan, es, hoy por hoy, «la única vía para poner en marcha el mecanismo jurídico y administrativo«; en especial, si se piensa que los profesores, durante el ejercicio de su deber profesional, gozan de la consideración de autoridad pública. Es, en suma, el mismo mecanismo que introduce en el juego a la Fiscalía de Menores, «con las consecuencias legales correspondientes«, y que puede, incluso, elevar a los padres o tutores del presunto agresor a la condición de responsables civiles, a tenor de la responsabilidad que tienen sobre sus menores.
