La norma anulada por la justicia continúa condicionando la política de movilidad y el gasto municipal sin una alternativa clara
Se cumplen tres años desde que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias anuló la Ordenanza de Movilidad Sostenible de Gijón, una decisión judicial que confirmó los argumentos planteados desde el inicio por Foro Asturias, primer grupo municipal en recurrir la norma. La sentencia, basada en la ausencia de una memoria económica suficiente, no solo dejó sin efecto la ordenanza, sino que abrió un escenario cuyos efectos económicos siguen repercutiendo en la ciudad y, de forma indirecta, en sus ciudadanos.
La ordenanza, aprobada en marzo de 2021 por el Pleno del Ayuntamiento de Gijón, fue declarada nula en febrero de 2023 al no permitir conocer el coste real de su aplicación. El tribunal consideró que la documentación aportada no evaluaba adecuadamente el impacto presupuestario de las medidas previstas, entre ellas la implantación de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE), obligatoria por ley para municipios de más de 50.000 habitantes. La nulidad quedó consolidada definitivamente con su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias meses después.
Desde entonces, Gijón continúa sin una ordenanza de movilidad en vigor y sin una ZBE operativa. Sin embargo, la ausencia de aplicación no ha evitado el gasto. Durante estos años, el Ayuntamiento ha destinado recursos públicos a trabajos vinculados a la planificación de la movilidad y de la propia ZBE, incluyendo estudios técnicos y de tráfico, análisis preliminares, informes internos, dedicación de personal municipal y procesos administrativos que no han podido traducirse en medidas reales sobre el terreno.
En el propio procedimiento judicial se citó una estimación municipal que cifraba en 322.275 euros el impacto económico de la ordenanza, una cantidad que Foro consideró insuficiente y que el tribunal no aceptó como una memoria económica válida. Más allá de ese dato parcial, no existe un balance público global que detalle cuánto dinero se ha gastado en total en la ordenanza anulada, en la planificación de la ZBE o en los trabajos que quedaron sin efecto tras la sentencia.
A este gasto se suman los costes derivados de la defensa jurídica de la norma ante el TSJA y del posterior intento de recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo, así como el trabajo previo de participación ciudadana y campañas informativas que perdieron utilidad tras la anulación. Todo ello ha sido financiado con recursos públicos, procedentes de impuestos y fondos comunes, lo que implica un coste indirecto para los ciudadanos de Gijón, pese a que la ZBE no esté actualmente en funcionamiento.
Tres años después, Foro sostiene que el tiempo ha confirmado sus advertencias iniciales: la falta de una evaluación económica rigurosa no solo provocó la anulación judicial de la ordenanza, sino que ha generado un escenario en el que se ha invertido dinero público sin una aplicación efectiva. Mientras la ciudad sigue obligada a implantar una ZBE, el Ayuntamiento deberá rehacer desde cero el marco normativo, lo que implicará un nuevo uso de recursos públicos para corregir errores señalados desde el inicio del proceso.
O sea que por una cagada del anterior «gobierno» del PSOE le echamos la culpa a Foro no???
Si se declaró ilegal sería por algo no???
Como se os ve el plumero….