La Plataforma STOP Baterías Asturias protestará el 21 de febrero frente a la Junta General ante la proliferación de proyectos de parques de baterías próximos a zonas habitadas
La Plataforma STOP Baterías Asturias ha convocado una concentración el sábado 21 de febrero, a las 12.00 horas, frente a la Junta General del Principado, para exigir la elaboración urgente de una normativa específica que regule la instalación de los denominados parques de baterías en el Principado. La movilización se produce en medio de un clima marcado por el aumento de proyectos de almacenamiento energético mediante baterías en suelo industrial. Según la plataforma, al menos diez de estos proyectos ya han obtenido autorización de construcción por parte del Principado, algunos de ellos en ubicaciones próximas a viviendas y explotaciones agroganaderas.
Desde STOP Baterías Asturias señalan que la suspensión temporal de licencias en suelos no urbanizables, aprobada con varios meses de retraso respecto a lo anunciado inicialmente, ha derivado en una concentración de iniciativas en suelos industriales, sin que exista una normativa específica que regule este tipo de instalaciones. A su juicio, esta situación ha favorecido una tramitación acelerada de los proyectos mediante evaluaciones ambientales simplificadas. La plataforma alerta de los riesgos asociados a los contenedores de baterías de litio, riesgos que, según indican, han sido reconocidos por el propio Servicio de Evaluaciones Ambientales del Principado. En este sentido, recuerdan que la Organización Internacional de Normalización (ISO) ha incorporado recientemente una nueva categoría, la L, para los incendios específicos de baterías de litio, caracterizados por una rápida propagación, la emisión de humos altamente tóxicos y una elevada dificultad de extinción.
Asimismo, los convocantes critican la falta de publicación de las directrices sectoriales anunciadas por el Gobierno autonómico, que deberían definir las zonas de exclusión y concretar la localización de los denominados “espacios degradados” mencionados en el acuerdo del Consejo de Gobierno del 5 de septiembre del año pasado. Desde la plataforma temen que este concepto pueda permitir la implantación de instalaciones en ubicaciones que prioricen criterios económicos frente a la protección de la ciudadanía y el entorno.
