Los votos de Rouco, del PP y del edil forista Pelayo Barcia no bastan para sostener una propuesta contra la que han cargado duramente la izquierda, que afea su falta de base y su carácter xenófobo, y la mayoría de Foro, que la considera «engañosa»
Diferencias ideológicas, acusaciones de incompetencia e ilegalidad, escisiones internas, pérdidas de compostura, la posibilidad de un desalojo de la sala… Nada ha faltado esta mañana en Gijón, durante el debate de la propuesta llevada por Vox al Pleno ordinario de febrero, con la que dicho partido pretendía que el Ayuntamiento prohibiese el acceso a dependencias municipales vistiendo prendas que cubran totalmente el rostro… Con el burka y el nicab, ropas directamente ligadas a la cultura y a la religión islámicas, como ejemplos claros de lo que no tolerar. La idea, finalmente, se ha hundido bajo el peso de los votos en contra del grueso de Foro -con la sola excepción del concejal Pelayo Barcia-, del PSOE, de IU y de Podemos. Eso sí, no sin antes dejar para la posteridad un durísimo duelo dialéctico a varias bandas, en el que las supuestas intenciones de protección de la seguridad esgrimidas por Vox, y secundadas por Barcia y por el PP, han sido desmontadas por las críticas de xenofobia y discriminación vertidas desde la izquierda, y por la aclaración de la alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, de que una medida como ésta, que excede con mucho las competencias del Consistorio, sería, en la práctica, ilegal.
«Existen indumentarias que inducen al temor y que no permiten identificar a las personas en caso de conflicto», comenzó la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, durante la exposición de motivos. Nada necesariamente polémico, de por sí, de no ser por la inmediata referencia a la existencia de «atuendos de determinadas culturas marcadas por su tradición, y otros, como pasamontañas, que tapan parcial o totalmente los rasgos». El que la edil mencionase los ejemplos del burka y el nicab, e ignorase otros con una menor carga religiosa -llegando al punto de asegurar que «nunca vamos a ver a personas ataviadas de buzo con escafandras en nuestras dependencias»- abrió las puertas de la polémica de par en par. Una intención evidente, que no palió ni su declaración de que el asunto «debe quedar fuera todo tipo de cuestiones religiosas y conflictos identitarios», ni que, ante el más que posible reproche de que en Gijón nunca ha ocurrido nada que motive su idea, «las cosas nunca ocurren, hasta que pasan por primera vez». Tanto la izquierda como el grueso de Foro estaban decididos a no dejar pasar el espinoso asunto, aunque fuese por razones diferentes.
«Aquí hay dos derivadas: la política, con la que estaríamos engañando a la gente, y la jurídica, pues estaríamos prevaricando»
Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón
La primera en cargar contra la propuesta, disparando con pólvora del rey, fue Olaya Suárez, representante de Podemos en el Pleno. Cumpliendo con la previsión de Rouco de que se esgrimiría la ausencia de casos que justificasen semejante medida, Suárez la tachó de «vergüenza» y «sandez», y reclamó a la edil autora que aclarase «cuándo ha visto a una mujer con burka en esta ciudad; no tiene sentido regular algo que no existe, y está aquí para tratar de envenenar esta ciudad con cuentos de ‘asustavieja'». Tampoco se quedó atrás un Javier Suárez Llana, su homólogo de IU, que recogió el guante lanzado por su compañera. «Le garantizo que no ha visto usted a ninguna persona portando un burka en ninguna dependencia municipal», le espetó a Rouco, acusándola de «mencionar a las mujeres musulmanas no para defender su dignidad, sino para vincularlas con un problema de seguridad y violencia». No solo eso; Suárez Llana también le afeó haber reproducido una de tantas proposiciones genéricas que Vox arroja en todos los Ayuntamiento españoles en los que está presente, prueba del «poco tiempo y ningún esfuerzo» que dedica la concejala a la actividad política. Por su parte, desde las filas del PSOE Carmen Eva Pérez Ordieres advirtió de que una medida que toca algo tan sensible como la libertad religiosa y de atuendo «es de ámbito nacional e, incluso europeo», y zanjó lanzando una pregunta tanto a Rouco como a Ángela Pumariega, portavoz del PP: «¿creen ustedes en la libertad religiosa?».
Y es que solo ese PP liderado por Pumariega dio su voto favorable a la propuesta de Vox, justificándolo como una forma «no de discriminar por motivos religiosos, sino de respeto y seguridad», y criticando a la izquierda que «pidan respeto religioso pero, luego, aparece una ‘Santina Queer’, o una ‘Santina’ en el Antroxu». El PP… Y Pelayo Barcia, adscrito a Foro, pero único concejal de dicho partido que secundó la idea de Vox. El resto de la principal fuerza política en el Gobierno se opuso. Y lo hizo por una razón principal, que se encargó de plantear la propia regidora: «el Ayuntamiento no tiene competencia para regular, de forma legal, este asunto… Y usted lo sabe». Así arrancó Moriyón su andanada contra Rouco, manifestándose categóricamente contraria a «que se engañe deliberadamente la ciudadanía con un asunto que es ilegal. Porque aquí tenemos dos derivadas: la política, con la que estaríamos engañando a la gente, y la jurídica, pues estaríamos prevaricando«. De ahí que la alcaldesa calificase la propuesta de «trampa», de un nuevo ejercicio con el que Vox «solo busca ruido, miedo, titulares y revolver; un asunto como éste requiere trabajo, rigor y responsabilidad, y el camino suyo sabemos que es el atajo a todo eso: el populismo«.
Conociendo el carácter político de la aludida, demostrado en anteriores sesiones plenarias, era fácil esperar una reacción airada por su parte. Y Rouco cumplió con esa expectativa. Claro que, primero, respondió a las referencias de IU a su supuesto escaso trabajo -advirtiendo a Javier Suárez Llana de que «tiene que comer muchas papas para llegar a donde yo llegué»-, a la iracunda intervención de Podemos –«da vergüenza escucharlos; los mismos fetiches de siempre, que yo creo que les ponen», le dedicó a Olaya Suárez-, a la postura del PSOE – «menudo despropósito llevar esta propuesta a su fijación con la libertad»– y, por último, a esas tres formaciones a la vez –«en 2021 firmaron una propuesta por la grave amenaza que representan las armas nucleares, diciendo que la ciudad estaba profundamente preocupada»-. Solo entonces prestó atención a Moriyón. Tras rescatar el dolor que supuso a Vox ser expulsado del Gobierno en octubre de 2023 -la verdadera «trampa», a criterio de Rouco-, la edil cuestionó las afirmaciones de la alcaldesa sobre la seguridad de Gijón. «¿Se rodea cada vez de más policías y escoltas, pero dice que es una ciudad tranquila?», disparó. Fue el límite de la paciencia de la regidora. «En cuanto a seguridad, usted no sabe nada de mi vida; hago vida normal, voy a la compra, salgo con mis amigos y no llevo ninguna escolta», aclaró Moriyón. Incapaz de no echar más leña al fuego Rouco, pese a no estar en el uso de la palabra, contraatacó admitiendo que «me da exactamente igual lo que haga». Pero la alcaldesa zanjó la polémica dándole el primero de los tres avisos previos a su desalojo de la sala, y finalizó reiterando que la propuesta «es un auténtico engaño, y explica muy bien algo que entendemos muchos: por qué ustedes no quieren gobernar».
