Abel Junquera, concejal de Atención Ciudadana y Distritos, remite a la delegada del Gobierno una carta en la que pide reforzar la presencia policial y los medios materiales para combatir los robos en viviendas, las carreras ilegales y las conductas incívicas
Se ha vuelto una tónica habitual referirse a las parroquias rurales de Gijón para abordar, casi siempre, cuestiones negativas. Asaltos a viviendas, carreras ilegales, problemas con la red de cámaras de videovigilancia… Un escenario que, de un tiempo a esta parte, mina el ánimo de los vecinos y agota las fuerzas del Ayuntamiento. Precisamente por eso ayer viernes, valiéndose de una carta directa, el concejal de Atención a la Ciudadanía y Distritos, el popular Abel Junquera, se dirigió a la delegada del Gobierno central en Asturias, la socialista Adriana Lastra, a fin de rogarle el despliegue de más y mejores medios, tanto humanos como materiales, con los que plantar cara a una situación, en palabras del edil firmante, marcada por el «grave problema de seguridad que estamos padeciendo», y que llena de «preocupación, alarma social e indignación» a los lugareños de dicha zona.
«En los últimos tiempos se ha producido una preocupante oleada de robos en viviendas, que ha afectado de manera reiterada a diversas parroquias rurales, generando una sensación de indefensión entre los residentes», afirma Junquera, comenzando por la más acuciante de las cuestiones. Claro, que no se trata de la única… El concejal del PP prosigue sumando a ella «las carreras ilegales y otras conductas incívicas, que incrementan el riesgo para la seguridad ciudadana y la tranquilidad de las familias que viven en estas zonas». La propuesta municipal para combatir todo lo anterior pasa por reforzar la presencia policial, «especialmente mediante un aumento visible de patrullas preventivas, con el fin de disuadir a los responsables y devolver la sensación de seguridad que nunca debieron perder». Esa es, en esencia, la base del ruego que Junquera ha trasladado a una Lastra en cuyas manos deposita la responsabilidad «de impulsar las actuaciones necesarias que refuercen la seguridad y resuelvan la problemática».
