La Unión todavía no tiene el informe de la Agencia Sekuens, cuestiona que el proyecto sea estratégico, alerta de consecuencias territoriales y no descarta futuras acciones
La aprobación por parte del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de la declaración de Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER) para un gran establecimiento comercial en Siero ha provocado una reacción inmediata del sector comercial. La Unión de Comerciantes del Principado de Asturias difundió este lunes un comunicado especialmente duro en el que cuestiona tanto el modelo económico que representa la inversión como el procedimiento utilizado para impulsarla, en un contexto político ya tensionado dentro del Ejecutivo autonómico.
La organización deja claro desde el inicio que la decisión trasciende lo meramente administrativo y la define como una elección de fondo. “Estamos, ante todo, frente a una decisión política”, señala el comunicado, que advierte de que lo que se decide “no es un expediente menor, sino un modelo de territorio, un modelo de ciudad y un marco de reglas que afectará durante años a la actividad económica y al equilibrio urbano y social de Asturias”.
El posicionamiento del sector llega coincidiendo con el desbloqueo del proyecto de implantación de la multinacional estadounidense Costco en el polígono de Bobes, en Siero, una iniciativa que supera los 40 millones de euros de inversión y que previsiblemente saldrá adelante sin unanimidad dentro del Gobierno autonómico, con Izquierda Unida en contra. La decisión reabre así el debate sobre el papel de las grandes superficies y el futuro del comercio de proximidad en Asturias.
El uso del PIER, en el centro de las críticas
Uno de los principales reproches del comunicado se centra en la utilización de la figura del PIER, un instrumento excepcional destinado a proyectos considerados estratégicos. Para la Unión de Comerciantes, su aplicación en este caso supone un precedente preocupante para el orden comercial y territorial del Principado.
“La decisión adoptada por el Consejo de Gobierno marca un precedente grave”, advierte el texto, que critica que se utilice una figura excepcional “para acelerar e imponer un proyecto de gran impacto comercial y territorial”. La organización alerta de que esta vía no debería convertirse en “un atajo para alterar reglas urbanísticas y sectoriales sin una justificación reforzada y plenamente transparente”.
El sector teme que esta decisión siente bases para futuras implantaciones comerciales que puedan sortear la planificación ordinaria, debilitando los mecanismos de ordenación del territorio y del equipamiento comercial. A su juicio, si el Gobierno considera necesario modificar el marco urbanístico o comercial, debería hacerlo mediante procedimientos planificados, participados y con debate público suficiente.
Un modelo comercial que consideran superado
El comunicado también cuestiona que el proyecto pueda considerarse estratégico desde el punto de vista económico. La organización sostiene que, en el contexto actual, esa calificación debería reservarse para iniciativas vinculadas a la innovación, la sostenibilidad o la cohesión territorial.
En ese sentido, afirma que “si se califica como estratégico un modelo de gran distribución propio del siglo XX, la figura pierde sentido y se desnaturaliza”. El sector entiende que el desarrollo económico de Asturias debe orientarse hacia modelos de mayor valor añadido y no hacia formatos comerciales que consideran propios de otras etapas.
La Unión de Comerciantes recuerda además que la planificación comercial histórica del Principado nunca situó un hipermercado como prioridad estratégica. Subraya el peso del comercio en la economía regional, con unas 12.000 empresas y más de 60.000 empleos vinculados al sector, que —según defiende— sostienen la vida económica de barrios, centros urbanos y concejos.
Como argumento adicional, el comunicado apela a la experiencia pasada en Asturias. Recuerda que en los años noventa se produjo una fuerte expansión de hipermercados y que, décadas después, aproximadamente la mitad han cerrado, lo que interpretan como una señal de que este modelo no garantiza dinamización urbana ni sostenibilidad económica a largo plazo.
Dudas sobre la tramitación y falta de interlocución
Más allá del debate económico, el tono del comunicado se endurece especialmente al abordar el procedimiento seguido por la Administración. La Unión de Comerciantes muestra su preocupación por que el PIER se utilice para prevalecer sobre el planeamiento urbanístico vigente.
“Las reglas urbanísticas existen para ordenar el territorio”, subraya el texto, que insiste en que, si se pretende modificarlas, debe hacerse mediante procedimientos ordinarios, con justificación reforzada y participación pública real.
El sector también denuncia la falta de comunicación institucional durante el proceso. “A día de hoy, la Unión de Comerciantes no ha recibido comunicación ni respuesta a las alegaciones presentadas”, señala el comunicado, que califica esta situación como inaceptable en un procedimiento de esta magnitud y la interpreta como un ejemplo de “oscurantismo político impropio de una decisión que afecta a miles de empresas”.
No contra la inversión, sí contra el trato excepcional
Pese al tono crítico, la organización insiste en que su postura no es contraria a la inversión privada ni a la llegada de nuevas empresas. El comunicado remarca que Asturias necesita actividad económica y recuerda que el comercio regional lleva décadas conviviendo con compañías de distintos tamaños y procedencias.
“No estamos en contra de la inversión privada. Al contrario. Asturias necesita inversión y actividad económica”, afirma el texto. Sin embargo, añade que el problema radica en la forma en que se está impulsando la operación.
La organización rechaza que una inversión concreta reciba un tratamiento excepcional que altere las reglas del planeamiento o rebaje los estándares de evaluación. “La inversión privada es bienvenida cuando se integra en el marco común; lo inaceptable es que el marco común se doble para hacerla encajar”, sostiene el comunicado.
Por ello, la Unión de Comerciantes exige acceso íntegro al expediente, publicación de informes y condiciones, transparencia total sobre la motivación de la decisión y la creación de un sistema público de seguimiento de compromisos e impactos. Además, advierte de que, en función de la información que se vaya conociendo, se reserva la posibilidad de emprender acciones.
Un debate que trasciende lo comercial
La reacción del sector comercial se suma a un escenario político ya tensionado por el proyecto. La implantación de Costco ha generado discrepancias dentro del Gobierno autonómico y ha provocado presiones institucionales en los últimos meses, especialmente desde el ámbito municipal de Siero, uno de los principales defensores de la iniciativa.
Con la aprobación definitiva en marcha, el debate podría desplazarse ahora del terreno administrativo al político y social. Mientras el Ejecutivo autonómico defiende la inversión como una oportunidad para generar empleo y actividad logística, el pequeño comercio advierte de que la discusión trasciende lo económico y afecta al modelo de ciudad, a la planificación territorial y al equilibrio entre grandes superficies y comercio de proximidad.
La decisión del Gobierno no solo desbloqueará una inversión relevante, sino que marcará el marco de futuras implantaciones comerciales en Asturias. Y, a juzgar por la contundencia del comunicado, el debate sobre el modelo comercial del territorio asturiano está lejos de cerrarse.
