La medida iría acompañada de la petición de cautelares para que el proceso no avance resolverse; la entidad critica que el informe hecho por Sekuens para justificar como Proyecto de Interés Estratégico Regional la llegada de la firma equivale a «moldear la ley»
El tiempo de la sorpresa ya ha acabado. También el de la decepción paralizante, y el de las dudas iniciales. Para la Unión de Comerciantes, es momento de pasar a la acción. Dos días después de que el Consejo de Gobierno aprobase la declaración de Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER) a la llegada de la cadena estadounidense Costco a Bobes, en Siero, en una decisión que ponía patas arriba el escenario político y económico regional, la entidad mencionada ha adelantado este miércoles que no descarta presentar un recurso contencioso-administrativo contra la maniobra del Principado, que incluiría la solicitud de medidas cautelares para que el proceso no avance más hasta que se alcance una resolución. Y todo después de que tanto el gerente de la Unión, Fernando Clavijo, como su predecesora y actual asesora, Carmen Moreno, hayan cargado frontalmente contra el informe elaborado por la Agencia Sekuens para justificar dicha declaración, advirtiendo de que «moldea» y, en algunos puntos, incluso «vulnera» la legislación vigente.
«Es una chapuza jurídica de nivel máster«, ha comenzado Moreno, responsable de desmantelar el contenido de un documento, el de Sekuens, que incurre en «contradicciones, debilidades jurídicas y declaraciones cuestionables«. De entrada, el propio informe reconoce que, hoy por hoy, «el proyecto (de Costco) no sería legal, porque va en contra de tres normas urbanísticas: el Plan Parcial de Bobes, el Plan General Urbano de Siero y las Directrices Sectoriales de Equipamiento Comercial». Dicho de otro modo, el Principado se habría servido de la llamada ‘ley PIER’ para «saltarse» esas tres reglas. Por si eso no fuese suficiente, para obtener la clasificación PIER es imprescindible que el proyecto invierta en una «cualificación del capital humano orientada a una industria sostenible, digital, competitiva, inclusiva y con perspectiva de género». Sin embargo, ha proseguido Moreno, «el informe olvida los criterios de sostenible, digital, competitiva, inclusiva y con perspectiva de género«, y sí «reconoce que (el planteamiento de Costco) no es ni innovador, ni tecnológico, ni transformador medioambiental de la economía asturiana«. Es más, la multinacional estadounidense solo prevé impartir 9,33 horas de formación por empleado al año en material como prevención de riesgos, seguridad informática o acoso, un reducidísimo total «difícil de explicar«.
Una empresa «poco solvente»
Tampoco la elección de Bobes cuadra en los razonamiento lanzados por Moreno y Clavijo. Al fin y al cabo, ha recordado hoy la primera, la ‘ley PIER’ «habla de zonas más desfavorecidas» como preferentes para que tales proyectos se instalen, a fin de que sirvan como ‘tractores’ económicos. Pero Siero «tiene una renta media superior a la regional, en 2022 fue el tercer concejo en contrataciones de Asturias, tiene 4.000 empresas en veintiséis áreas industriales, y un desempleo por debajo del 10%; de hecho, el empleo se concentra en un 73% en el sector servicios, y en un 25% en el comercial». En otras palabras, Siero ni encaja en la definición de zona desfavorecida, ni necesita la presencia de Costco, que bien podría implantarse «en zonas del centro, o en cualquiera de los cascarones comerciales que tenemos en Asturias«. Pero es que, a mayores, existe otra derivada crucial: la financiera, toda vez que Costco «arrastra años de pérdidas; la última, de 2024«, lo que demuestra que «no es una empresa solvente en España«, pese a que la matriz estadounidense aporta anualmente 267 millones de euros. Esa misma matriz podría proporcionar apoyo financiero, pero su compromiso «es de solo dieciocho meses«, nada que ver con un apoyo «prolongado» para una inversión de cuarenta millones.
Y aún queda otro punto crítico para la Unión: el del empleo, pues el texto de Sekuens «modifica la ley» y solo exige a Costco que, de los 170 puestos ofrecidos durante los tres primeros años, y de los 260 en adelante, cumpla con el 47%. Un porcentaje que equivaldría a ochenta trabajadores en esos tres años iniciales, y a 122 a partir del tercero, dos totales inferiores «inferiores al centenar que se exige al comienzo de la actividad, y a los 200 a los tres años». Finalmente, en términos de inclusión, Moreno ha recalcado que, si bien es verdad que Costco mantiene en plantilla a un 53% de mujeres, el 90,66% desempeña sus labores en las dos categorías laborales inferiores, que son las menos retribuidas.
Dos meses para decidir qué camino tomar
¿Significa todo lo anterior el inicio de una guerra legal abierta contra Costco? No. Pero sí gana peso en la Unión la acción, en forma del mencionado recurso, contra la decisión del Principado. «No es un problema de competencia, sino de cumplir la ley«, ha acotado Moreno, quien no ha tardado en descartar cualquier similitud con el caso del grupo especializado en equipamiento deportivo Forum Sport. Y es que, ha explicado la ex gerente, la llegada de Forum al entorno de Alcampo ocurrió «en una parcela de suelo comercial», no en una «industrial», como es el caso de Bobes. Aun así, la decisión de decantarse por el recurso, si bien gana adeptos, no es segura, y «deberá tomarla el Comité Directivo de la Unión«, ha matizado Clavijo. No obstante, ya ahora se perfila como la táctica más probable adoptar; no solo por las deficiencias detectadas en el informe de Sekuens, sino también porque, al tratarse de una cruzada contra la decisión del Principado, no tendría por qué ser preciso aportar aval alguno, cosa que sí sucedería «si ya se hubiese concedido una licencia de obra». Así las cosas, la Unión dispondrá de un plazo de dos meses desde la publicación de la declaración de PIER en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) para emprender la acción legal que estime.
