Reconoce dudas sobre el PIER pero evita enfrentarse al Principado mientras la Unión de Comerciantes estalla
La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) ha optado por una respuesta tibia ante la declaración de Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER) concedida por el Principado a la implantación de Costco en Bobes, en Siero. Un posicionamiento que contrasta con la contundencia mostrada este miércoles por la Unión de Comerciantes, que no descarta acudir a los tribunales y ha llegado a calificar el proceso de “chapuza jurídica de nivel máster”.
El vicepresidente de FADE, Pablo García, ha reconocido este miércoles públicamente las dudas de la patronal sobre el procedimiento seguido por el Ejecutivo autonómico. “Tenemos nuestras dudas”, afirmó, aunque inmediatamente rebajó el alcance de la crítica al señalar que la federación no se considera competente para valorar si el proyecto cumple o no los requisitos legales del PIER.
La patronal situó su preocupación en el impacto económico general y, especialmente, en la convivencia con el pequeño comercio. “Entendemos que evidentemente hay proyectos estratégicos que hay que favorecer, no vamos a opinar de si esto es o no lo es, no somos nosotros a quien nos compete decirlo”, señaló García, insistiendo en que el debate debe abordarse desde la prudencia y el análisis global del tejido empresarial.
En esa línea, FADE puso el foco en la necesidad de estudiar los efectos de una gran superficie sobre el comercio existente. “También hay que mirar por el pequeño comercio, que indudablemente cuando ponemos una instalación de este tipo hay que analizar los pros y los contras y hacerlo de una forma sosegada”, añadió.
Sin embargo, la intervención del dirigente empresarial dejó fuera el principal eje del conflicto que están señalando otros actores económicos: el posible agravio comparativo y el precedente que podría generar la utilización de la figura PIER para sortear limitaciones urbanísticas o comerciales. Un elemento que la Unión de Comerciantes sitúa en el centro del debate y que, a su juicio, afecta no solo a la competencia comercial, sino a la igualdad de reglas para todas las empresas.
La diferencia de enfoques se hizo evidente apenas unas horas antes, cuando la Unión elevó el tono al anunciar que estudia presentar un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Principado, acompañado de medidas cautelares para frenar el avance del proyecto. Durante su comparecencia, el gerente Fernando Clavijo y la asesora de la organización, Carmen Moreno, acusaron al informe elaborado por la Agencia Sekuens de contener contradicciones jurídicas y de “moldear la ley” para justificar la consideración estratégica del proyecto.
Según la entidad, el documento reconoce que la implantación de Costco no encajaría en varias normas urbanísticas vigentes y tampoco cumpliría algunos de los requisitos asociados a los PIER en materia de innovación, sostenibilidad o impacto transformador. Por ello, la Unión sostiene que el problema no radica únicamente en el impacto comercial, sino en la interpretación de la normativa y en el precedente que podría consolidarse si la operación prospera.
Así, mientras el comercio minorista prepara una posible ofensiva legal centrada en la igualdad de condiciones y el respeto al marco normativo, FADE opta por rebajar el tono y situar el debate en el terreno del equilibrio económico general.
