Villoria impulsa un macroproyecto de 5 millones después de que el Pleno en bloque, incluyendo su propio partido, rechazara la misma propuesta de Vox Gijón
El plan municipal de asfaltado anunciado por el gobierno local de Gijón ha abierto un nuevo foco de controversia política al evidenciar una aparente contradicción entre la acción del Ejecutivo y el posicionamiento reciente del Pleno. Hace apenas tres semanas, la corporación rechazó una propuesta de resolución registrada por el Grupo Municipal Vox que instaba precisamente a elaborar un plan integral de asfaltado y renovación del firme en las vías urbanas y rurales del municipio. Sin embargo, ahora el concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, el forista Gilberto Villoria, trabaja en un programa de actuación que coincide en buena medida con aquella iniciativa que su partido rechazó.
La propuesta presentada por Vox, defendida por su portavoz Sara Álvarez Rouco en el debate sobre el estado del municipio, planteaba la elaboración de un plan planificado de asfaltado con calendario definido y enfoque global para mejorar el mantenimiento del pavimento. El texto fue rechazado por el conjunto del Pleno, sin apoyos suficientes para salir adelante.
No obstante, según ha adelantado este domingo El Comercio, el Ayuntamiento prevé presentar a comienzos de marzo un “macroplan” de asfaltado y arreglo de calles con una inversión superior a los cinco millones de euros, a ejecutar entre 2026 y 2028. El proyecto, diseñado por la concejalía que dirige Villoria, contempla la renovación del asfalto, la reposición de baldosas y actuaciones repartidas por todos los distritos de la ciudad, con inicio previsto para el mes de marzo.
El contenido del plan municipal guarda similitudes evidentes con la propuesta rechazada semanas antes, ya que ambos comparten la idea de una planificación global, con prioridades fijadas por los técnicos municipales y un calendario de intervenciones para garantizar el mantenimiento del viario. La principal diferencia radica en que la iniciativa ahora parte del propio gobierno local y se presenta como una evolución de las campañas de mantenimiento ejecutadas en 2025.
Desde algunos miembros de la oposición, esta coincidencia ha sido interpretada como una muestra de incoherencia política, al considerar que el Ejecutivo ha terminado adoptando una medida que fue descartada en sede plenaria. El debate se centra no tanto en la necesidad del plan —sobre la que existe consenso por el deterioro del pavimento y las quejas vecinales— sino en el hecho de que una propuesta similar fuera rechazada para, semanas después, ser asumida desde el gobierno. El episodio anticipa un nuevo cruce político en torno a la gestión de infraestructuras y al papel del Pleno en la definición de las prioridades municipales, justo cuando el Ayuntamiento se dispone a presentar oficialmente uno de los planes de inversión más relevantes del mandato en materia de mantenimiento urbano.
