El Gobierno busca reforzar lo público y el sector alerta de trabas, falta de suelo y burocracia
Asturias ha dado el primer paso para aprobar la que será su primera norma global en materia de vivienda desde el inicio de la autonomía. El proyecto, presentado en la Junta General por el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, arranca su recorrido parlamentario con el objetivo de redefinir la política pública del Principado en este ámbito. La iniciativa, sin embargo, ya ha suscitado posiciones enfrentadas entre el Ejecutivo y representantes empresariales.
Durante su intervención, Zapico defendió que la futura ley pretende modificar el enfoque con el que se ha abordado históricamente el acceso a la vivienda. El consejero subrayó que el texto sitúa este bien en el terreno de los derechos sociales y no únicamente en el mercado económico, alineándolo con el mandato constitucional. Según explicó, la intención del Gobierno autonómico es reforzar el papel de la administración como garante del acceso a un hogar digno.
Uno de los pilares del proyecto es la protección del parque público residencial. La norma prevé que las viviendas pertenecientes al Principado se destinen exclusivamente al alquiler y no puedan ser vendidas en el futuro. Desde la consejería se considera que esta medida permitirá asegurar que la inversión pública conserve de manera permanente su finalidad social.
El Ejecutivo justifica esta decisión en la evolución del parque público en las últimas décadas. Según los datos aportados durante la comparecencia, el número de viviendas públicas se ha reducido de forma notable desde los años ochenta, pasando de decenas de miles a una cifra sensiblemente inferior en la actualidad. Con la nueva regulación, el Gobierno regional pretende evitar que esa tendencia continúe.
No obstante, la propuesta no ha sido recibida con unanimidad. Desde el ámbito empresarial se han expresado reservas sobre la efectividad del texto para aumentar la oferta residencial. Diversas voces consideran que el reconocimiento del derecho a la vivienda no se traducirá por sí solo en un incremento del número de inmuebles disponibles si no se acompañan medidas que faciliten la promoción.
En este sentido, la presidenta de la Unión de Inmobiliarias de Asturias, Katia Domingo, advierte de que el debate debe centrarse en cómo ampliar realmente el parque de vivienda. “Compartimos la necesidad de mejorar el acceso, pero cualquier ley debe ir acompañada de mecanismos que permitan construir más viviendas y movilizar las que ya existen”, señala. A su juicio, la clave estará en lograr que el marco normativo genere seguridad jurídica y estimule la inversión.
Domingo considera que la colaboración entre administraciones y sector privado será determinante para que la futura norma tenga resultados tangibles. “Si no se facilita suelo listo para edificar, si los trámites siguen siendo lentos y si no se incentiva la promoción, será difícil que el mercado responda”, afirma. En su opinión, el reto no es solo regular, sino activar políticas que permitan incrementar la oferta tanto en alquiler como en venta.
La presidenta de la organización inmobiliaria también insiste en que el sector no rechaza la intervención pública, pero reclama que esta se traduzca en medidas prácticas. “La vivienda necesita planificación a largo plazo, estabilidad normativa y fórmulas de cooperación real. Sin eso, cualquier ley corre el riesgo de quedarse en una declaración de intenciones”, apunta.
Con el inicio de su tramitación parlamentaria, el proyecto abre ahora una fase de debate político y social en la que podrán incorporarse enmiendas y aportaciones de los distintos grupos. El Gobierno autonómico confía en que el texto salga adelante como una herramienta estructural para garantizar el acceso a la vivienda en Asturias, mientras el sector inmobiliario insiste en que el éxito dependerá de su capacidad para traducirse en más viviendas disponibles.
El resultado de esta negociación marcará el rumbo de la política residencial asturiana en los próximos años.
