Colectivos por el derecho a la vivienda, entre ellos el Sindicato de Inquilinos de Asturias, así como plataformas de pensionistas reclaman medidas estructurales y niegan un conflicto generacional en plena escalada de precios
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos, junto a COESPE y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), han reclamado la adopción de medidas “urgentes y estructurales” para hacer frente a la crisis de vivienda tras la caída, por segunda vez, de la moratoria de desahucios en el Congreso. Según las organizaciones, la decisión parlamentaria -que atribuyen a la mayoría formada por PP, Vox y Junts- podría suponer la reactivación de unos 70.000 procedimientos actualmente paralizados. La mayor parte, señalan, afectan a inquilinos que no pueden asumir el pago del alquiler. Asimismo, advierten de que más de un millón de personas beneficiarias del bono social podrían perder el acceso a suministros básicos como electricidad, agua o calefacción.
Los colectivos sostienen que la moratoria, durante su vigencia, solo habría cubierto en torno al 25% de los desahucios producidos en los últimos años, por lo que consideran que la situación requiere reformas de mayor alcance. A este escenario se suma la finalización prevista de más de medio millón de contratos de alquiler a lo largo de este año, en un mercado marcado por la subida de precios. Según los datos que manejan, el alquiler medio se ha incrementado un 40% en los últimos cinco años, mientras que los salarios lo han hecho en torno a un 20%, lo que, a su juicio, agrava la brecha entre ingresos y coste de la vivienda.
También alertan del impacto en la población mayor. Recuerdan que la pensión media en España se sitúa por debajo de los 1.400 euros mensuales y que cerca de cuatro millones de pensionistas perciben menos de 1.000 euros al mes. En paralelo, subrayan que el coste medio de una plaza en una residencia privada ronda los 2.200 euros mensuales y que aproximadamente el 75% de las plazas existentes están en manos privadas.
“No es un conflicto generacional”
En el comunicado, las organizaciones defienden la “confluencia de luchas” entre el movimiento por la vivienda y el movimiento pensionista. Aseguran que esta alianza no responde únicamente a la suma de reivindicaciones, sino a la voluntad de “señalar los nexos” y cuestionar lo que describen como una lógica de mercantilización creciente. “Se privatiza el acceso a la vivienda. Se privatiza la vida en la vejez. Y se enriquecen los de siempre”, sostienen desde la Confederación de Sindicatos de Inquilinas y COESPE, que enmarcan la situación en un modelo económico que, según afirman, favorece la acumulación de grandes propietarios y rentas.
Ambas organizaciones rechazan que exista un enfrentamiento entre generaciones. “No es culpa de los pensionistas que la juventud tenga problemas para emanciparse. No es culpa de la juventud que los pensionistas no puedan pagarse la vejez”, señalan, en referencia a lo que califican como un intento de confrontar a colectivos vulnerables entre sí. Tras varias concentraciones convocadas en enero y febrero en distintas ciudades, los colectivos mantienen su apuesta por la movilización social. La próxima cita conjunta tendrá lugar el 28 de febrero en Barcelona.
