Los vecinos acusan al ente de ofrecer contratos sociales y ventajosos plagados de «trampas» e «irregularidades», y lanzan la acusación de estar usando «el miedo real al desahucio» para forzarles a firmarlos
El año 2025 terminó con un buen sabor de boca para los habitantes del ‘bloque en lucha’ en que se ha erigido el número tres de la calle Río Piloña, en el barrio gijonés de Contrueces. Sin embargo, conforme avanza 2026 han ido aflorando ciertos males, algunos ya conocidos y otro, nuevos, en el marco de sus negociaciones con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), mantenida desde hace meses para evitar el desahucio masivo inicialmente previsto. Y este viernes los vecinos del inmueble en cuestión, en un comunicado remitido a los medios, han solicitado la mediación de la Consejería de Vivienda del Principado, a fin de que medie y resuelva la situación de «limbo legal» en que se encuentran. ¿La razón? Según recoge el documento, que los contratos de arrendamiento puestos sobre la mesa por la SAREB, sociales en algunos casos y asequibles en otros, «incumplen de manera reiterada la Ley de Arrendamientos Urbanos», al exigir unas condiciones incompatibles con la situación de sus receptores. A mayores, los afectados han pedido una reunión con el consejero Ovidio Zapico, y con el director general de Vivienda y presidente de VIPASA, Daniel Sánchez Fernández, a fin de convencerles de que paralicen la amenaza de desalojo que sigue orbitando sobre ellos.
Por lo que respecta a los contratos sociales redactados por la SAREB, su principal requisito es la bonificación de la renta en función a la vulnerabilidad del inquilino. No obstante, los vecinos de Río Piloña denuncian que el valor dado por la compañía equivale al del mercado libre, y que la actualización anual de la bonificación se haría tomando como referencia la renta inicial, no la reducida. Esa situación «dejaría a familias con ingresos débiles en un limbo en el que desconocen qué renta tendrán que pagar al año del contrato». Pero es que, además, los borradores de la SAREB «incumplen» la división horizontal del bloque, al excluir garajes y trasteros, y obligan a asumir las deficiencias que ya presentan las viviendas como propias del estado original, eximiendo al ente nacional de responsabilidades a la hora de subsanarlas. Paralelamente, prosigue el comunicado, la SAREB descarta prorrogar los contratos tras su extinción, al cabo de siete años, y fija una ventana de seis meses para el desistimiento, anulando todos los derechos de los convivientes, y sin dar pie a un pacto entre las partes. Por último, la imposición de visitas semestrales para comprobar el estado de las viviendas «van en contra de la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo sobre el derecho a la intimidad».
Un mecanismo de presión encubierto
Tampoco los contratos asequibles se libran de focos de polémica. Más bien, todo lo contrario. Siempre en palabras de los habitantes de Río Piloña, esos pliegos también están plagados de «cláusulas abusivas». Por ejemplo, la SAREB atribuye a los vecinos una deuda de 23.000 euros basada en las rentas generadas al haber permanecido los vecinos en la vivienda, pese a que no mediaba ninguna relación contractual entre ambas partes. A ese respecto, en el inmueble recuerdan que una sentencia dictada el 9 de enero de 2025 reconoce que la nueva propiedad no puede exigir a los inquilinos en situación de precario rentas de un contrato subsistente, ni tampoco justificar ninguna motivación pecuniaria de exigencia de rentas. «Incluso a los ocupantes que han ido abandonando las viviendas la SAREB les ha reconocido que no se había generado, ni contraído, deuda alguna, y solo se pide en la oferta de contratos asequibles», advierten, viendo en ello «una trampa en toda regla». Finalmente, los afectados alertan de que la penalización por demora en el desalojo planteada es una cláusula «nula», debido a la imposición de una indemnización «excesivamente alta»; en este caso, el triple de la renta diaria, dado que «apartamentos de 56 metros cuadrados, con una horquilla mínima en 387,55, tiene una renta marcada en 580 euros».
Frente a todo lo anterior, los vecinos opinan que la SAREB está utilizando «el miedo a los desahucios, que es real y tangible», para presionarles y lograr que firmen tales contratos poco ventajosos, cuando no abiertamente irregulares. De ahí que reiteren la necesaria intervención de la Administración autonómica. Y pronto.
