Von der Leyen anuncia el arranque del proceso tras la ratificación de Argentina y Uruguay mientras el acuerdo sigue pendiente del aval definitivo del Parlamento Europeo
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este viernes el inicio del procedimiento para la aplicación provisional del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, una vez que Argentina y Uruguay han completado sus respectivos procesos de ratificación. La decisión pone en marcha la cuenta atrás para que la parte comercial del tratado entre en vigor de manera temporal, un trámite que, según fuentes comunitarias, se prolongará aproximadamente dos meses. El intercambio formal de notificaciones diplomáticas entre ambas partes activará ese plazo. Von der Leyen ha explicado que el Consejo de la UE ya había dado luz verde en enero a la posibilidad de proceder con la aplicación provisional cuando se cumplieran las condiciones necesarias. “Cuando ellos estuvieran listos, nosotros estaríamos listos”, recordó la dirigente alemana, subrayando que el paso dado responde al ritmo de ratificaciones en el bloque sudamericano.
La aplicación provisional afecta a la parte comercial, competencia exclusiva de la UE, y puede activarse antes de la ratificación completa del acuerdo. No obstante, la entrada en vigor definitiva requerirá el consentimiento del Parlamento Europeo y la adopción formal por parte de los Veintisiete. El proceso se produce en un contexto de incertidumbre institucional, ya que la Eurocámara ha recurrido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que determine la compatibilidad del pacto con el Derecho comunitario. Esta acción ha paralizado de facto el procedimiento de ratificación definitiva en el ámbito parlamentario.
Un mercado de 720 millones de personas
El acuerdo, firmado en enero tras casi 26 años de negociaciones, establece un nuevo marco político y comercial entre la UE y los países del Mercosur. Según ha defendido la presidenta de la Comisión, el tratado permitirá crear un mercado integrado de 720 millones de personas, reducir miles de millones de euros en aranceles y reforzar la cooperación con socios estratégicos. Von der Leyen ha enmarcado la iniciativa en una estrategia de “resiliencia y crecimiento” para Europa y destacó que el acuerdo representa una plataforma para profundizar las relaciones políticas y económicas con países que comparten, en palabras de la dirigente, una visión favorable al comercio abierto y basado en normas.
La activación del proceso coincide con un clima de contestación en distintos puntos de Europa, especialmente en el sector agrario. En España, y particularmente en Asturias, el acuerdo ha generado un amplio rechazo entre organizaciones del campo, que alertan de posibles efectos sobre la competitividad y las condiciones de producción. El pasado enero, cerca de 200 tractores participaron en una movilización en Oviedo contra el tratado, en una protesta respaldada por organizaciones agrarias y representantes políticos regionales. Los convocantes denunciaron lo que consideran una competencia desleal derivada de diferencias en los estándares productivos y medioambientales.
Pese a estas críticas y a la oposición de varios Estados miembro, entre ellos Francia y Polonia, la Comisión Europea ha optado por avanzar en la aplicación provisional, subrayando que su carácter es temporal hasta que se complete el procedimiento institucional previsto en los Tratados. Si se cumplen los plazos estimados por Bruselas, el componente comercial del acuerdo podría comenzar a aplicarse de forma interina en la primavera, mientras continúa el debate político y jurídico sobre su ratificación definitiva.
