Covadonga Tomé, del Grupo Mixto, pide la comparecencia de la dirección de la cadena pública tras la denuncia de “precariedad” de la plantilla subcontratada; el contrato ha subido un 17%, pero los empleados aseguran que no repercutirá en sus salarios
El conflicto que desde hace semanas sacude al servicio de corresponsalías de la Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA) da el salto a la Junta General. La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha anunciado este viernes la solicitud de comparecencia del director de Recursos Humanos y del director interino de la TPA para que den explicaciones sobre las condiciones del contrato con Videoreport Asturias y la situación laboral de sus 44 trabajadores. La iniciativa parlamentaria llega en pleno pulso de la plantilla, que hace días escenificó un simbólico “viernes de luto” acudiendo vestida de negro a sus conexiones en directo. Un gesto que no pasó desapercibido para la audiencia y que buscaba visibilizar lo que definen como dos décadas de precariedad en un servicio que consideran estructural para la televisión pública asturiana.
Los corresponsales -redactores, operadores de cámara, coordinadores y personal de producción- prestan servicio a RTPA a través de la empresa Videoreport Asturias, adjudicataria del contrato de corresponsalías mediante licitación pública. Según denuncian, esta fórmula de subcontratación ha consolidado un modelo laboral que no se corresponde ni con su cualificación ni con el volumen de trabajo que asumen. En su carta abierta, respaldada por representantes sindicales, recuerdan que elaboran en torno al 80% de los contenidos diarios de ‘TPA Noticias’, porcentaje que puede alcanzar el 90% durante algunos fines de semana: “Llevamos 20 años recorriendo Asturias para contar lo que pasa en cada concejo”. Sin embargo, describen un escenario que califican de “precario”: salarios que no superan los 1.500 euros mensuales con pagas incluidas, ausencia de oficinas físicas -lo que les obliga a trabajar desde vehículos particulares o cafeterías-, transporte y custodia de equipos sin compensación y falta de material adecuado para afrontar inclemencias meteorológicas.
Iván Llera, delegado de personal, ha definido la carta remitida a la ciudadanía como “una llamada de auxilio”. A su juicio, las condiciones actuales no son “dignas” para profesionales con titulación, formación y experiencia que desarrollan una función de servicio público en toda la geografía asturiana. También Eduardo Sariego, delegado de personal, ha señalado posibles incumplimientos en materia de complementos salariales recogidos en el convenio de producción audiovisual que rige la actividad.
Más presupuesto, mismas condiciones
Uno de los puntos más controvertidos del conflicto es el incremento presupuestario del contrato. Según ha expuesto Tomé, la televisión pública ha aumentado en un 17% la cuantía destinada a la adjudicación del servicio. Para la diputada, resulta “inaceptable” que ese incremento “vaya a incrementar los beneficios de la empresa y en ningún caso a mejorar las condiciones laborales”. La plantilla comparte ese temor. Aunque el próximo contrato -actualmente suspendido por un recurso presentado por otra empresa concurrente- contempla una subida en el importe de licitación, los trabajadores dudan de que ese aumento tenga traslación directa en sus nóminas o en la mejora de sus medios materiales. “Entendemos que, al tratarse de trabajadores subcontratados por un ente público, la Administración debe exigir una solución”, ha insistido Tomé, quien considera que la responsabilidad última no puede eludirse bajo el paraguas de la externalización.
Entre las posibles vías de solución, los representantes de la plantilla apuntan a la internalización del servicio como la única fórmula capaz de garantizar un cambio sustancial en sus condiciones. Integrarse en la estructura de RTPA, sostienen, permitiría equiparar derechos y estabilidad con el resto de la plantilla del ente público. Además del impacto individual en los trabajadores, advierten de que el deterioro laboral ya está teniendo consecuencias organizativas, con la salida de varios profesionales en los últimos meses en busca de mejores oportunidades. Un desgaste que, de prolongarse, podría afectar a la calidad y continuidad del servicio informativo.
