El grupo municipal lo contrató con avisos internos ya existentes
Iván Álvarez Raja fue despedido este viernes de su puesto como asesor del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Gijón, apenas unas horas después de que la dirección federal del PSOE acordara su suspensión cautelar de militancia. La decisión pone fin a su vinculación laboral con el equipo municipal y abre un nuevo escenario político dentro de la agrupación local socialista.
La suspensión temporal fue comunicada este jueves desde la sede federal del partido en la calle Ferraz, en Madrid, tras la apertura de un expediente disciplinario cuya tramitación continúa en curso.
Hasta ese momento, Álvarez Raja formaba parte de la Ejecutiva Local encabezada por Monchu García como secretario de Ideas y Programas, además de desempeñar funciones de asesor técnico del grupo municipal socialista gijonés.
Su contratación como asesor se formalizó a finales de julio de 2025, en el marco de una reorganización interna del equipo de apoyo del grupo municipal. Sin embargo, según fuentes socialistas consultadas, la dirección local ya tenía conocimiento entonces de determinadas circunstancias que posteriormente han desembocado en la suspensión cautelar acordada por la ejecutiva federal.
De acuerdo con esas mismas fuentes, cuando se tramitó su alta laboral ya se habían producido al menos dos traslados internos de información dentro de la Agrupación Municipal Socialista de Gijón en relación con la situación que afectaba al dirigente. Estos antecedentes se remontan a varios meses antes de la apertura oficial del expediente disciplinario actualmente en instrucción.
La propuesta de contratación partió de la organización local gijonesa, que impulsó su incorporación para reforzar el equipo técnico del grupo municipal. El contrato se formalizó bajo el CIF de la Federación Socialista Asturiana (FSA), estructura autonómica del partido en Asturias, tras recibir la correspondiente autorización administrativa.
Según fuentes conocedoras del funcionamiento del partido, las primeras advertencias se produjeron en la primavera de 2025, cuando una afiliada trasladó a responsables orgánicos locales una serie de hechos que posteriormente derivarían en la presentación formal de una denuncia a través de los canales internos habilitados por el PSOE.
Aquella comunicación no tuvo trascendencia pública, aunque sí activó intercambios de información dentro de la agrupación. Posteriormente, en junio de ese mismo año, el asunto volvió a surgir durante una reunión interna del grupo municipal con militantes, en la que se plantearon preguntas sobre informaciones que circulaban de manera informal dentro de la organización.
Tras las informaciones publicadas en las últimas horas, la dirección del PSOE de Gijón ha emitido este sábado por la tarde un comunicado en el que señala que la suspensión cautelar del militante deriva de una denuncia cuyos detalles se desconocen debido a los protocolos internos del partido, por lo que, apelando al principio de prudencia, considera que “ni se puede ni se debe especular”.
En el mismo texto, la agrupación local subraya el “compromiso claro y manifiesto” de los socialistas contra cualquier tipo de acoso, especialmente en una organización “centenaria” como la gijonesa. Asimismo, indica que durante el último año únicamente se tuvo constancia de una persona que, sin identificar a nadie y en el contexto de otras cuestiones, manifestó haber podido sufrir actitudes inapropiadas.
Según el comunicado, desde la organización se instó en ese momento a presentar una denuncia formal —requisito necesario para activar el protocolo interno—, posibilidad que dicha persona, según el partido, habría rechazado reiteradamente. La dirección local asegura desconocer si esa situación guarda relación con las informaciones conocidas esta semana.
El PSOE de Gijón añade que, aun así, desde la Secretaría de Organización se realizaron consultas internas a distintos niveles orgánicos para determinar cómo proceder. Finalmente, la agrupación advierte de que, siguiendo instrucciones de la Comisión Ejecutiva Federal, se reserva el derecho a emprender acciones legales contra quienes vulneren la confidencialidad exigida en este tipo de procesos.
