«Entendemos que, frente a la retirada del grupo escultórico, hay otras maneras de conciliar la memoria histórica y el valor artístico» de la fachada; FAMYR también se dirige al Gobierno para exigir la supresión «inmediata» del monumento situado junto a la entrada del Colegio Inmaculada
El silencio que mantenía la Compañía de Jesús en lo relativo a la exigencia de la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, de la retirada del monumento ‘Héroes del Simancas’ presente en la fachada del edificio del que es propietario, se rompió ayer. Los jesuitas hicieron público un comunicado en el que informan, después de dejar claro que «cumpliremos aquello que la ley dictamine, porque creemos que así debe ser en un Estado de derecho», que habían ejercido el lunes su derecho a presentar alegaciones a la orden. En concreto, «que se deje sin efecto el procedimiento de retirada, por ser jurídicamente inviable», y «que se acuerde una solución de resignificación, consensuada con la Dirección General de Memoria Democrática».
«Entendemos que, frente a la retirada del grupo escultórico, hay otras maneras de conciliar la memoria histórica y el valor artístico de una fachada catalogada y protegida por el vigente catálogo urbanístico de Gijón. El grupo escultórico ahora cuestionado es obra del artista Manuel Álvarez-Laviada, represaliado por el franquismo, y posee un valor artístico y patrimonial reconocido», valoran al tiempo que recuerdan que «uno de los ejes de nuestra misión es la búsqueda de la reconciliación». Así, la Compañía de Jesús presenta su disposición «a alcanzar una solución pactada con la Administración, basada en la resignificación del monumento, una vía prevista tanto en la Ley de Memoria Democrática del Principado de Asturias como en la Ley estatal 20/2022».
Explica que «ambas normas contemplan que, cuando concurren razones artísticas o patrimoniales que impiden la retirada, se opte por contextualizar históricamente el elemento mediante paneles o placas explicativas». Y pone de ejemplos el Monumento a los Caídos de Oviedo, «donde se retiraron elementos de exaltación pero se mantuvo la estructura por su valor patrimonial»; las placas del Instituto Nacional de la Vivienda, «contextualizadas sin destruir los elementos protegidos»; y la Universidad Laboral, «ejemplo paradigmático de reinterpretación histórica sin alteración del patrimonio».
La propuesta «conciliadora» de los propietarios del edificio que acoge el Colegio Inmaculada consiste en «mantener el monumento protegido y añadir materiales didácticos que expliquen su origen, su autor, las circunstancias de su creación y su lectura en el marco de la memoria democrática. Esta solución permitiría desactivar cualquier posible función exaltadora y convertirlo en un elemento de interpretación crítica del pasado».
Rechazo de esta vía por parte de FAMYR
También presentó alegaciones al expediente en marcha de la consejería la Federación Asturiana Memoria y República (FAMYR) «con una exigencia clara: que se proceda, sin más dilaciones, a la retirada del monumento dedicado a ‘los caídos por Dios y por la Patria’, erigido en homenaje a los golpistas de 1936 contra la legalidad republicana». Considera este colectivo que «su permanencia visible en un espacio con proyección pública constituye una afrenta a las víctimas del franquismo y un incumplimiento evidente de la normativa vigente».
Recuerda que «la competencia es del Principado» y que «tanto la Ley 1/2019 del Principado como la Ley 20/2022 estatal de Memoria Democrática establecen de forma inequívoca la obligación de retirar símbolos que exalten la sublevación militar de 1936 y la dictadura franquista», y critica que «la disposición adicional segunda de la ley asturiana fijaba un plazo máximo de doce meses desde su entrada en vigor para proceder a la retirada. Han pasado casi siete años y el monumento sigue en pie. Esta situación no es compatible con el mandato legal ni con el respeto debido a las víctimas». Asimismo, entiende que «no concurren razones artísticas o arquitectónicas que justifiquen su mantenimiento. La propia administración autonómica denegó su catalogación como Bien de Interés Cultural», por lo que rechaza «cualquier intento de ‘resignificación’ mediante placas explicativas o soluciones cosméticas: no cabe fraude de ley cuando lo que la norma ordena es la retirada».
«La permanencia de este monumento no es una cuestión estética ni un debate académico. Es una cuestión de dignidad democrática. Mantener un símbolo de exaltación franquista en un espacio visible perpetúa el dolor de las víctimas y permite que el lugar siga siendo punto de actos de reivindicación del régimen dictatorial», denuncia FAMYR, que exige que «el Principado ejerza sus competencias, practique la prueba pericial propuesta y acuerde la retirada inmediata del monumento, así como, en su caso, el ejercicio de la potestad sancionadora frente a quien incumpla o se oponga a dicha retirada. Sólo el cumplimiento estricto de la legalidad permitirá avanzar hacia una Asturias plenamente respetuosa con la memoria democrática, la justicia y la dignidad de quienes sufrieron la represión franquista».
