La sociedad que absorbió parte del extinto astillero aún retiene una superficie cercana al 40% del total, fundamental para que el Gobierno local desarrolle su proyecto estrella, ‘Naval Azul’; de no cumplir, la multa podría ascender a 1.500 euros mensuales
Hoy por hoy, sigue habiendo muchas dudas sobre el futuro encaje, en ese gran proyecto que es ‘Naval Azul’, de la gran pieza pendiente que es la parcela todavía en manos de Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión (PYMAR), la sociedad anónima que, en 2001, adquirió los restos del ya moribundo astillero Naval Gijón. En cambio, sí hay un hecho sabido, incontestable y evidente a simple vista: su aspecto actual deja mucho que desear. Accesos y muelles seriamente deteriorados, vegetación creciendo sin control, la veterana nave bañada en herrumbre… En fin, una degradación progresiva para cuyo freno, hace ya diez días, el Ayuntamiento requirió formalmente a PYMAR que presentase un plan de adecuación. Pues bien, hoy martes, al término de la Junta de Gobierno Local, el portavoz municipal, Jesús Martínez Salvador, anunciaba que dicho plazo se ha ampliado en un mes, hasta finales de marzo, atendiendo así la petición hecha por escrito por la propia sociedad, incapaz de cumplir con tal tarea en el tiempo inicialmente estipulado.
La superficie sobre la que PYMAR tiene competencias, y que deberá adecentar, no es moco de pavo. Con casi 21.200 metros cuadrados en su poder, la sociedad es propietaria de un 40% de la extensión total del extinto astillero, un total que hace salivar al Consistorio, toda vez que resulta fundamental para que ‘Naval Azul’, la apuesta estrella del actual Ejecutivo gijonés para el mandato aún en curso, se haga realidad. En ese sentido, conviene recordar que, por ahora, únicamente está operativo el paseo, inaugurado en diciembre en los terrenos que antaño perteneciesen a la Autoridad Portuaria. A dicho equipamiento deberían ir sumándose distintas empresas e iniciativas ligadas a la llamada ‘economía azul’, algo que, según afirmó en enero la alcaldesa, Carmen Moriyón, no se verá lastrado por carecer de esa sección todavía en manos de PYMAR. En cualquier caso, y volviendo al tema que ocupa estas líneas, la sociedad podría enfrentarse al pago de una multa mensual de 1.500 euros si, en este mes, no presenta el plan de actuación en cuestión, que deberá abarcar tanto el desbroce de la parcela, como el cuidado de la nave, protegida mediante su inclusión en el catálogo urbanístico.
