Secretaría de Alcaldía justifica ese margen temporal por razones de funcionalidad; IU, Podemos y Vox ven en ello una forma de «seguir ocultando a la ciudadanía» qué actividades paralelas, y a qué precio, realizan los ediles, una «falta de transparencia»
No hay nada ilegal, ni tan siquiera extraño, en que un cargo público municipal compagine dicha labor con otras actividades que garanticen, o mejores, su sustento cotidiano. Es algo que la legislación contempla, a lo que miles de ediles en toda España se acogen a diario, y que solo alimenta debates cuando se detecta en ello cualquier forma de irregularidad. Y Gijón lleva años marcada por esa última realidad, con varios de sus representantes, adscritos a distintos partidos, sin haber actualizado en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento los datos referentes a sus actividades paralelas y a las retribuciones percibidas por ellas. Una dinámica que, esta mañana, durante el Pleno de marzo, se ha tratado de corregir… Aunque con matices. En efecto, el Gobierno local, con el apoyo del PSOE, ha aprobado la propuesta de Secretaría de Alcaldía para implementar los nuevos modelos de declaración sobre causas de posible incompatibilidad, sobre cualquier actividad que proporcione ingresos, y de bienes patrimoniales y participación en sociedades. Eso sí, esos modelos no empezarán a utilizarse hasta junio de 2027, pasadas las elecciones municipales de mayo de ese año, y ya en el próximo mandato. Y esa demora ha activado las alarmas tanto de IU y Podemos, que han votado en contra, como de Vox, que se ha abstenido. Tres formaciones en las que se ve la demora como una forma de seguir ocultando a la ciudadanía posibles detalles que dañarían reputaciones, o algo peor, antes de los comicios.
En líneas generales, y minimizando los complejos detalles técnicos, los nuevos modelos establecen la obligación tajante de declarar todas y cada una de las actividades retribuidas que acometa cualquier cargo público, ya sea por cuenta propia ajena. Del mismo modo, pasará a ser imprescindible indicar con qué empresas o entidades se mantiene dicha actividad profesional. Y, no menos importante, se exigirá notificar todas las retribuciones percibidas por el trabajo desempeñado en partidos políticos u organizaciones dependientes de los mismos. Dicho en plata, rendir cuentas, y con amplitud. Sin embargo, el gran problema radica, como se ha dicho, en los plazos manejados por el Consistorio para su entrada en vigor. A juicio de Secretaría de Alcaldía, implementar la medida inmediatamente podría entrañar problemas de funcionalidad, al tratarse de un asunto delicado y complicado, pero ese argumento no convenció a las fuerzas en la oposición. De hecho, los tres partidos que integran la izquierda gijonesa presentaron varias enmiendas, de las muchas aspiraban a reducir esa amplia ventana de tiempo, y a forzar la entrada en vigor de los modelos a la mayor brevedad. Sin embargo, todas fueron tumbadas antes de la votación de la propuesta propiamente dicha. La del PSOE se encontró con el muro de Foro, del PP y del concejal Oliver Suárez; por su parte, las de IU y Podemos no prosperaron por los votos de esas tres fuerzas y, a mayores, por la oposición de Vox.
«Si creen que hay alguna ilegalidad, ya saben el camino, y dónde tienen que denunciarlo»
Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón
Nada de todo lo anterior impidió ni que los socialistas acabasen apoyando la medida, ni que los críticos alzasen la voz contra ella. La primera en hacerlo fue la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, quien centró sus disparos dialécticos en dos blancos: primero, que «Foro y PP quieren poner una referencia vaga a cualquier actividad, y hacerlo después de las elecciones de 2027, porque hay concejales en este Gobierno que tienen cosas que ocultar»; segundo, y en refuerzo de lo anterior, que «propusimos rellenar los dos modelos de formulario, el actual y el nuevo, durante lo que queda de mandato, y tampoco les sirvió». Matices que, a juicio de Suárez, hacen que «parezca mentira que pongamos tanto empeño en ocultar cosas a la ciudadanía». Declaraciones a las que, inmediatamente después, se sumaban las de su homólogo al frente de IU, Javier Suárez Llana, encargado de recordar que «llevamos incumpliendo, al menos, desde 2013, pero no se aplicará hasta junio de 2027; es decir, vamos a seguir incumpliendo, pese a contar con los nuevos modelos, y eso solo genera dudas y sospechas, y hace un flaco favor a la calidad democrática«. Coherente con ello, Suárez Llana advirtió de que «los dos concejales de IU sí vamos a cumplir la normativa y a presentar ante la Secretaría General las declaraciones de actividades y bienes; no tenemos nada que ocultar». Y llegó a acusar a la secretaria de Alcaldía de «excederse en sus funciones» por, supuestamente, haber seguido los dictados de Foro. Finalmente, la última voz crítica fue la de la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, convencida de estar ante una proposición «alejada de los principios más esenciales de la labor pública», y exigiendo la aplicación de los nuevos modelos «con carácter inmediato».
Ni qué decir tiene que tales manifestaciones obtuvieron respuesta por parte de Foro. El concejal Jesús Martínez Salvador salió al paso de las acusaciones vertidas por IU, y afirmó, tajante, que «este Gobierno no ha dado ninguna indicación a la secretaria». Lo hizo antes de referirse a las «amenazas, más o menos veladas, que algunos han hecho», en referencia a los señalamientos sobre supuestas irregularidades que ocultar; sobre ello, Martínez Salvador invitó a los asistentes a que «quien tenga algo que decir, que vaya a donde lo tenga que decir; si no, se convertirá en un charlatán«. Y precisamente ese punto motivó la intervención de la mismísima alcaldesa, la también forista Carmen Moriyón. Igualmente firme al apuntar que «lo que estamos discutiendo es, evidentemente, según marca la ley», trató de acallar las dudas en torno a sus propias actividades ajenas al cargo de regidora -que, teóricamente, copan solo un 10% de su tiempo- explicando «con pedagogía» que «en la declaración de la renta viene todo muy detalladito», y concluyó siguiendo la estela traza por Martínez Salvador al sentenciar que «si creen que hay alguna ilegalidad, ya saben el camino, y dónde tienen que denunciarlo». Fue un dardo lanzado por Moriyón contra la portavoz del PSOE, Carmen Eva Pérez Ordieres. Y es que, pese a apoyar la propuesta, toda vez que «corrige las anomalías», la socialista afeó a la alcaldesa que «la ley le permite ejercer una actividad ajena, pero le impone dos requisitos: solicitar la compatibilidad, e indicar en qué actividad y con qué entidades se va a vincular. Y usted les debe esta información a los gijoneses«.
