Se descarta la existencia de una relación afectiva entre la víctima, de 49 años en el momento de los hechos, y el acusado; este último la habría sedado y estrangulado en su vivienda de la calle Contracay para, después, introducir el cuerpo en una bolsa y dejarlo allí un mes
Con casi 270.000 habitantes censados, Gijón es una ciudad razonablemente acostumbrada a que se produzcan sucesos dentro de sus fronteras… Y, pese a ello, hay uno que sigue nutriendo la curiosidad general: la muerte de Susana Sierra, de 49 años, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el pasado 24 de junio en un piso de la calle Contracay, en Bajovilla, almacenado dentro de una bolsa de basura y en avanzado estado de descomposición. Apenas veinticuatro horas después las autoridades detenían al presunto autor de aquel crimen, que conmocionó a la urbe y a Asturias entera. Y este viernes, al fin, se ha sabido de que modo discurrirá el proceso que, próximamente, sentará en el banquillo de los acusados a dicho individuo. Será con jurado popular, sí… Pero sin que el hecho vaya a ser considerado un caso de violencia de género. Así lo ha determinado la magistrada de la plaza número dos de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Gijón, después de que la investigación pericial no revelase ni relación afectiva alguna entre víctima y supuesto agresor, ni un atentado contra la libertad sexual de la primera. La decisión podrá ser recurrida durante los próximos tres días, y apelada en los siguiente cinco.
Tal como se recoge en el auto judicial, Sierra y el detenido se conocían por haber sido habituales del centro Remar, una organización no gubernamental (ONG) dedicada a la asistencia a familias desestructuradas, y con un fuerte componente religioso. No obstante, coincidieron «pocas veces» en los cultos, y tampoco mantenían un contacto telemático -pese a que el procesado tenía guardado el número de WhatsApp de ella, acompañado de un corazón, y conservaba una fotografía hecha en el domicilio de él el 6 de mayo-, aunque sí que mantuvieron una relación sexual consentida en un momento del pasado no especificado, en el domicilio de la mujer. Más allá de lo anterior, el primer hito relevante tuvo lugar el 7 de mayo de 2025; ese día Sierra, su pareja y su presunto agresor acudieron juntos al Hospital de Cabueñes, al haber empeorado la salud de la madre de la primera. De regreso del centro médico, los tres se detuvieron en la vivienda del ahora detenido, en Contracay, y decidieron que la mujer se quedaría a dormir allí; eso sí, no debió ser una conversación pacífica, pues ambos hombres se pelearon, llegando la pareja de Sierra a abandonar el piso.
Una detención previa en Castilla-La Mancha, por detención ilegal, no detectó «problemas cognitivos o intelectivos que afecten a la comprensión de la realidad, ni de los hechos cometidos»
A partir de ahí, en algún punto entre ese mismo día 7 y el 20 de mayo el procesado suministró a la mujer alcohol etílico, benzodiazepinas, antipsicóticos y antidepresivos; fue algo que él mismo confesó, y que el análisis químicotoxicológico confirmó. Acto seguido, en el dormitorio, el hombre se abalanzó sobre Sierra, la ató de manos, le cubrió la cabeza con un pasamontañas y, tras despojarla de la ropa que vestía de cintura para abajo, la estranguló hasta asfixiarla. Inmediatamente después el ahora arrestado tomó una bolsa de basura, introdujo el cadáver en ella, ocultó el conjunto dentro de un contenedor municipal para plástico y, después de cubrirlo con tierra y precintarlo con plástico, lo dejó en el dormitorio; hasta el momento no se ha podido confirmar si, como se sospecha, su intención era haberlo trasladado a un garaje, lejos de miradas indiscretas. Eso explica que, para cuando los equipos de la Policía Nacional entraron en la vivienda, el 24 de junio, los restos se hallasen en avanzado estado de descomposición, lo que dificultó la identificación de la víctima.
Con todas las cartas anteriores sobre el tapete, queda aún un último detalle relevante que considerar. Y es que el acusado había sido detenido previamente por detención ilegal en Castilla-La Mancha, y la pericial psicológica encargada entonces por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo determinó que «no se identifican, en el momento de los hechos, problemas cognitivos o intelectivos que afecten a la comprensión de la realidad, ni de los hechos cometidos».
