El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias va a acudir este miércoles a VIPASA para tratar este caso y otros tres, dos de ellos en Gijón, y buscar «una solución de alternativa habitacional de emergencia» tras la reactivación de los procedimientos a colectivos vulnerables
La caída de la moratoria antidesahucios ha reactivado diferentes casos de desahucios a colectivos vulnerables. El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias ha dado alerta de uno especialmente sensible, al tratarse de una víctima de violencia de género con una menor a su cargo de 9 años en Nuevo Roces. «Le dieron una vivienda social cuando tuvo un caso de violencia de género en 2019. En su momento tuvo ayudas económicas por la violencia y, una vez que concluyó el periodo de ayudas, se quedó con una cantidad de dinero de 130 euros al mes para vivir. Evidentemente, no pudo pagar», relata Andrés García, portavoz de este colectivo. En la actualidad, al ser beneficiaria del ingreso mínimo vital, sí puede hacer frente al alquiler, «pero se generó una deuda que ahora le reclaman y le han puesto esa demanda de desahucio», que se ejecutará el 5 de mayo.
Mañana, a las 11 horas, representantes del sindicato acudirán junto a esta mujer y otras 3 más, dos de ellas residentes también de Gijón y otra en Oviedo, a la sede de Viviendas del Principado de Asturias (VIPASA) para tratar estos cuatro casos de desahucios reactivados ahora. «Vamos a exigir una solución de alternativa habitacional de emergencia para ellas», con notable preocupación con lo que respecta al de Nuevo Roces y al del barrio ovetense de Las Campas, en este caso de pequeño propietario, al ser «mujeres con menores escolarizados que no pueden ser desahuciadas; tiene que intervenir la Administración y Servicios Sociales». Sobre las otras dos situaciones, se informa que se trata de otra víctima de violencia de género en vivienda de VIPASA y una mujer pensionista inquilina de otro pequeño propietario.
Que pague.