En un comunicado, la consejería quiere destacar «la labor clave de intermediación que ha desarrollado la empresa pública VIPASA» para evitar los lanzamientos en el ‘bloque en lucha’ de Contrueces y «ganar tiempo para la búsqueda de soluciones»
La Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos ha emitido un comunicado en respuesta a una nota hecha pública por los vecinos de Río Piloña 3, el ‘bloque en lucha’ de Contrueces ante la amenaza que sufren de desahucio, en el que señalaba al Ejecutivo y a la propia consejería por inacción en lo referente a su caso: «No existe, a día de hoy, ninguna comunicación del Gobierno con la SAREB en relación a Río Piloña. Es una mediación inexistente», expresaban el martes, al tiempo que afirmaban que «desde el 31 de diciembre de 2025 nadie del Gobierno de Asturias ni de la Consejería de Vivienda ni de la Dirección General de Vivienda se ha puesto en contacto con los afectados de Río Piloña 3, pese a que son conocedores, de primera mano, del avance trágico de la situación, pendiente de formalizarse el desahucio». El departamento en manos de Convocatoria por Asturies (IU-Más País-IAS) valora por su parte «la labor clave de intermediación que ha desarrollado la empresa pública VIPASA»: «Desde el inicio del conflicto, el Principado, a través de VIPASA, ha mantenido contacto permanente tanto con la propiedad como con las personas residentes, y ha ejercido un trabajo activo de mediación que ha permitido frenar en varias ocasiones los desahucios y ganar tiempo para la búsqueda de soluciones».
«Esta actuación constante ha permitido mantener abierto un espacio de interlocución en un contexto de especial complejidad, que ha favorecido que se sigan explorando soluciones habitacionales y ha evitado la adopción de medidas irreversibles para las familias afectadas», sigue el comunicado, en el que Vivienda subraya que la responsabilidad sobre la gestión del inmueble corresponde actualmente a CASA47, entidad estatal creada el pasado diciembre y dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que asumió los activos inmobiliarios que gestionaba la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), antigua propietaria del edificio de Río Piloña tras una ejecución hipotecaria en 2021 y la posterior extinción de los contratos de arrendamiento, «lo que generó un escenario jurídico complejo para las familias residentes». «El conflicto tiene su origen en el periodo de transición e integración en el que los activos de SAREB pasaron a formar parte del parque público estatal gestionado por CASA47, lo que generó incertidumbre administrativa y jurídica para los residentes», valora la consejería, que explica que, «una vez superada la fase inicial de transición, corresponde a la entidad estatal avanzar en la regularización de la situación de vecinos y vecinas del inmueble de Río Piloña».
«Vivienda reafirma su compromiso de continuar trabajando, a través de VIPASA, como agente facilitador entre las partes implicadas, con el objetivo de avanzar hacia la regularización de la situación residencial de las familias. No obstante, recuerda que no puede interferir en la redacción de los contratos», finaliza.
