El Gobierno asturiano asume las conclusiones de la Inspección de Servicios y anuncia más inspecciones, cambios normativos y herramientas digitales para mejorar la seguridad
El Gobierno del Principado de Asturias ha reafirmado su intención de “llegar hasta el final” en la investigación del caso Blue Solving y ha anunciado una batería de medidas para reforzar la supervisión de la actividad minera, a partir de las conclusiones del informe elaborado por la Inspección General de Servicios. El documento, que será remitido tanto a la Fiscalía como a la comisión parlamentaria de investigación de la Junta General, incluye once recomendaciones orientadas a mejorar los mecanismos de control, la transparencia administrativa y la seguridad en el sector. El Ejecutivo autonómico ha hecho suyo el contenido del informe y ha avanzado que ya trabaja en su aplicación.
La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, señalaba tras el Consejo de Gobierno que el compromiso del Ejecutivo es “absoluto” con la seguridad y con la denominada “familia minera”. En la misma línea, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, también insistía en que las decisiones se adoptarán con criterios de transparencia para reforzar tanto la seguridad jurídica como la de los trabajadores. El informe tiene su origen en el encargo realizado por el presidente del Principado, Adrián Barbón, tras el accidente vinculado a Blue Solving, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y evitar que se repitan situaciones similares.
Entre las principales medidas anunciadas figura la creación de un Programa de Inspección Minera del Principado de Asturias (PIMPA), que permitirá planificar de forma más estructurada las actuaciones de control. Este programa se complementará con nuevas instrucciones que regularán de manera más precisa cómo deben llevarse a cabo las inspecciones. Además, el Ejecutivo impulsará la digitalización de los procedimientos mediante el desarrollo de herramientas informáticas específicas. Estas aplicaciones permitirán mejorar la trazabilidad de las inspecciones, incorporar sistemas de verificación y optimizar la gestión de aspectos como los planes de labores, los accidentes laborales o el catastro minero.
En el ámbito normativo, la Consejería de Ciencia revisará la regulación relacionada con la transmisión de derechos mineros y analizará posibles cambios en figuras como los Proyectos de Investigación Complementaria (PIC), con el objetivo de dotarlas de mayor claridad o, en su caso, reformular su papel dentro del sistema. El Gobierno también estudiará posibles ajustes en la estructura del Servicio General de Minas, incluyendo la opción de reforzar los recursos humanos tanto en tareas de gestión como de inspección. Paralelamente, ha reiterado su disposición a colaborar con la Fiscalía en todos los procedimientos abiertos relacionados con el caso.
