Una cadena de decisiones, relaciones y episodios que ahora regresan al primer plano del debate público
El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha reavivado este miércoles el debate sobre decisiones adoptadas al inicio de su mandato al referirse a la supresión en 2019 de un servicio vinculado al área de Minas. Según ha explicado, aquella medida se produjo en un contexto en el que “no se habían lanzado los proyectos de transición justa”, lo que posteriormente incrementó la carga de trabajo del departamento. Barbón situó la supresión en el ámbito de decisión del entonces consejero de Industria, Enrique Fernández, hoy presidente de Hunosa, subrayando que la propuesta superó los procedimientos administrativos establecidos y fue aprobada por el Consejo de Gobierno.
La decisión de recuperar ahora ese servicio vuelve a situar el foco en la etapa en la que Fernández dirigía la política industrial asturiana, coincidiendo con otros episodios que han sido objeto de atención pública, política y judicial en los últimos años. En este contexto, distintos hechos y actuaciones desarrollados en ese periodo han sido analizados desde diversas perspectivas, sin que en todos los casos exista, por el momento, una resolución judicial firme.
Uno de los antecedentes se remonta a 2019, cuando Fernández, en su condición de consejero de Industria, participó en una reunión institucional con representantes diplomáticos de Kazajistán. En dicho encuentro estuvieron presentes el embajador kazajo y otros representantes vinculados al ámbito institucional, económico y energético, como la entonces directora de Minas Belarmina Díaz. Según la información difundida en su momento, la reunión se enmarcó en la estrategia de apertura internacional del Principado para explorar oportunidades de cooperación en el ámbito de los recursos minerales y energéticos.
En 2020, Fernández formaba parte, en calidad de consejero de Industria, del órgano de administración de EBHISA, empresa gestora de la terminal de graneles sólidos del puerto de Gijón. Esta infraestructura tiene un papel relevante en el tráfico de materias primas como el mineral de hierro o el carbón.
Ese mismo año, en agosto, Hunosa adjudicó un contrato de aproximadamente 23,5 millones de euros para el suministro de carbón, dividido en varios lotes. Parte de esa adjudicación recayó en la empresa Natural Mining Resources (NMR), que en aquel momento comenzaba a operar en este ámbito. La adjudicación y las circunstancias que la rodearon han sido posteriormente objeto de investigación y análisis en distintas instancias.
El episodio más controvertido se sitúa en octubre de 2020, dos meses después de la licitación de NMR con Hunosa, con la desaparición de 120.000 toneladas de carbón en la terminal de minerales de El Musel procedente del buque kazajo Berge Triglav. Fuentes conocedoras de la situación sostienen que Enrique Fernández y otros miembros del consejo de administración de EBHISA fueron informados de las irregularidades relacionadas con el carbón de NMR. Esta afirmación, no confirmada oficialmente, añade un elemento de presión sobre quienes ocupaban posiciones de máxima responsabilidad en la gestión de la terminal en aquel momento.
En paralelo a estos hechos, emerge una red empresarial vinculada a terrenos y sociedades relacionadas con el entorno familiar de la entonces directora de Minas Belarmina Díaz. Según ha podido saber este diario, un terreno propiedad de su hermano, gestionado a través de NASDA Inversiones, fue utilizado para el almacenamiento de carbón y chatarra en un contexto de expediente de expropiación. A través de la red de sociedades ALBUJON SOLAR, se habrían articulado alianzas empresariales en las que figuran nombres como Javier Hidalgo, Daniel Suárez y José Ignacio Huici, además de compañías como Iberdrola y Unicaja.
Además, en sede judicial se reconoció que la empresa NMR recibió ofertas de intermediación por parte de Ignacio Díaz y de Rafael Murillo Quirós, hermano y marido de la entonces directora general de Minas, para facilitar contactos en centrales térmicas de Marruecos, país donde más empresas mineras asturianas tienen contactos. En ese contexto aparece también la figura de Zakariyae Tajani, alto cargo de la Office National de l’Electricite et de l’Eau (ONEE), quien posteriormente sería director en SPECIAL ANTHRACITES SL (anteriormente llamada NMR), consolidando así una red de relaciones internacionales en torno al negocio del carbón.
Todo este contexto ha cobrado nueva visibilidad a raíz de la polémica en torno a la central térmica de La Pereda. El sindicato SOMA-FITAG-UGT, con José Luis Aperi a la cabeza, ha manifestado públicamente discrepancias con decisiones adoptadas en el ámbito de la gestión energética, situando en el debate el papel de distintos responsables. En este escenario, vuelve a aparecer el nombre de Rafael Murillo Quirós, quien habría estado asesorando en procesos de contratación en La Pereda, lo que ha generado críticas por posibles conflictos de interés.
La concurrencia de estos elementos ha incrementado el nivel de escrutinio sobre la gestión del sector energético asturiano durante los últimos años. No obstante, conviene subrayar que muchas de las cuestiones mencionadas se encuentran en fase de investigación o han sido objeto de interpretaciones diversas, sin que en todos los casos exista una determinación definitiva por parte de los órganos judiciales competentes.
En este contexto, la figura de Enrique Fernández ha sido objeto de atención dentro del debate público, en relación con decisiones adoptadas durante su etapa al frente de la política industrial. La evolución de las investigaciones en curso y de los procedimientos abiertos será determinante para esclarecer los hechos y delimitar, en su caso, las responsabilidades correspondientes.
