Interpone un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Consejo de Gobierno que declara la instalación del hipermercado estadounidense en Siero como Proyecto de Interés Estratégico y solicita medidas cautelares para que «no se produzcan efectos adversos irreversibles» con el avance del mismo
En febrero, tras la declaración por parte del Consejo de Gobierno de la instalación del hipermercado estadounidense Costco en el polígono sierense de Bobes, la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias comunicaba en rueda de prensa que valoraba la presentación de un contencioso-administrativo contra la decisión, así como la solicitud de medidas cautelares para paralizar su desarrollo. Mes y medio después, cumple su amenaza y judicializa la llegada de la multinacional norteamericana. «No estamos hoy aquí ante ninguna improvisación ni ante una discrepancia coyuntural. Estamos aquí por una posición sostenida en el tiempo, coherente, argumentada y defendida por la Unión a lo largo de varios años, siempre desde el mismo principio: la defensa de la legalidad, del interés general y de un modelo territorial y comercial equilibrado para Asturias», explicaba esta mañana Sara Menéndez García, recientemente reelegida presidenta de este colectivo.
«El comercio tiene que estar donde vive la gente, donde se hace ciudad, donde se construye barrio y donde se sostiene la vida cotidiana. Siempre hemos defendido que se debe de comprar donde se vive, no apostar por soluciones comerciales que desplacen el consumo fuera de los núcleos urbanos, fuera del modelo comercial que vertebra Asturias», apuntó tras recordar que «la ubicación de una gran superficie comercial minorista en suelo industrial es incompatible con la normativa vigente», e incidió en que «si una empresa del mismo sector quiere implantarse en ese suelo donde ahora se pretende autorizar Costco, no podría hacerlo, sería ilegal». Ésta es, precisamente, «una de las cuestiones de fondo que ponemos encima de la mesa, porque estamos hablando de un sector en el que Asturias ya cuenta con empresas que generan miles de empleos y que desarrollan su actividad con arreglo a las leyes vigentes. No puede haber una interpretación flexible para unos y una aplicación estricta para otros dentro del mismo sector». Porque, entiende, «una gran superficie comercial ordinaria no puede presentarse sin más como un proyecto de interés estratégico para Asturias, ni puede servir esta figura como una vía para eludir, para saltarse una normativa vigente, especialmente aquello que limita la implantación de comercio minorista en suelo industrial».
Tras no ser atendidas las alegaciones al proyecto presentadas el año pasado por la Unión de Comerciantes, y con la declaración el 16 de febrero de Costco como Proyecto de Interés Estratégico, se da finalmente el paso de «activar una estrategia jurídica clara y concreta». Ésta consiste en la presentación del recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Consejo de Gobierno y la solicitud de medidas cautelares «que resulten procedentes para evitar que el acuerdo despliegue efectos mientras el procedimiento judicial se encuentre en realización».
El recurso se fundamentará «entre otras posibles líneas de impugnación, en la incorrecta aplicación de los requisitos previstos en la Ley 7/2024 para la Declaración de Proyectos Estratégicos, en la insuficiente motivación del supuesto interés estratégico del proyecto, en la posible utilización de esta figura excepcional para facilitar la implantación comercial ordinaria y en los eventuales problemas de compatibilidad con la ordenación territorial, urbanística y comercial vigentes». «No estamos defendiendo un interés particular ni la posición oportunista, estamos defendiendo algo mucho más importante: que las reglas del juego sean las mismas para todos, que la legalidad no se adapte en función de cada caso, que el concepto de proyecto estratégico no se vacíe de contenido hasta convertirse en una fórmula para excepcionar la normativa comercial vigente y saltársela», argumentó Menéndez García.
A la espera del expediente administrativo solicitado el 27 de marzo
Una comisión de abogados externos especializados en litigación contenciosa-administrativa lleva la defensa jurídica de la Unión de Comerciantes. «Nuestra intervención se sitúa en un plano estrictamente técnico, no estamos aquí para pronunciarnos sobre la oportunidad económica del proyecto ni para discutir consideraciones de políticas institucionales. Nuestra función es otra: analizar si el acuerdo administrativo adoptado se ajusta al ordenamiento político y, en su caso, ejercer las acciones que correspondan», explicó a continuación Guillermo Quirós, que intervino en nombre de los letrados. «Este análisis se ha desarrollado ya sobre la base del material disponible», siguió, «y permite alcanzar conclusiones jurídicas provisionales sobre la conformidad a derecho del acto, pero por prudencia procesal y respeto institucional, su desarrollo íntegro se reserva para la sede judicial oportuna, especialmente a la espera de poder examinar la totalidad del expediente administrativo solicitado», copia que se solicitó el 27 de marzo y que todavía, aseguró, no les ha sido facilitada.
En lo que respecta a la petición de medidas cautelares, el también abogado Ignacio Moreno señaló que éstas «vienen relacionadas con la necesidad de que no se produzcan efectos adversos irreversibles con la implantación y el avance de este proyecto, que ante una resolución que pudiera considerar el posicionamiento que estamos defendiendo no fuera compatible». «Una de las medidas principales es la paralización del desarrollo del proyecto», avanzó, en concreto «la tramitación en el Ayuntamiento y, eventualmente, el desarrollo posterior». Aunque es difícil de pronosticar, considera que el proceso se alargará por más de un año.
