El Gobierno autonómico insiste en que “no está por encima del interés general” y analiza la relación entre tarifas y calidad del servicio
El Gobierno del Principado de Asturias ha decidido mantener activo el expediente abierto a la concesionaria Aucalsa por la gestión del peaje del Huerna, en la autopista AP-66, rechazando la petición de la empresa de suspender el procedimiento administrativo. La decisión se enmarca en un conflicto más amplio sobre las condiciones del servicio en una de las principales infraestructuras de conexión entre Asturias y la Meseta, cuyo funcionamiento se ha visto afectado en los últimos años por obras prolongadas, restricciones de tráfico y limitaciones de velocidad.
Desde la Dirección General de Consumo, el Ejecutivo autonómico ha reiterado que la tramitación continuará “con todas las garantías jurídicas y administrativas”. La viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, fue contundente al respecto: “No vamos a paralizar este procedimiento. Vamos a llegar hasta el final, con todas las garantías y con absoluto rigor jurídico”. El núcleo del expediente radica en analizar si existe una desproporción entre el precio del peaje y el servicio realmente prestado a los usuarios. En este sentido, el Principado recuerda que existe jurisprudencia del Tribunal Supremo que avala la posibilidad de ajustar tarifas cuando no se garantizan condiciones óptimas de fluidez y seguridad.
Además, el Gobierno ha requerido a Aucalsa que remita documentación relativa a diligencias preprocesales de la Fiscalía que la empresa ha utilizado como argumento para solicitar la paralización del expediente. Para ello, se ha fijado un plazo de 15 días hábiles. González Prieto recordó también el principio que guía la actuación del Ejecutivo: “Las empresas tienen una responsabilidad social con Asturias y, mientras dure un peaje, esa responsabilidad incluye ajustar los precios cuando el servicio se deteriora”. Y añadió: “Aucalsa no está por encima del interés general”.
