El Consejo de Gobierno dio luz verde a esta reclamación por la «degradación del servicio derivada de la ejecución simultánea de obras, restricciones de capacidad y limitaciones de velocidad que afectan de forma continuada a la infraestructura»

Como paso previo a interponer un recurso contencioso-administrativo en relación con la situación actual de la autopista del Huerna (AP-66), con tramos en obras mientras la concesionaria sigue cobrando la totalidad del peaje, el Ejecutivo enviará requerimientos formales al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y AUCALSA como paso previo. Así lo decidió ayer el Consejo de Gobierno tras el análisis de las actuaciones inspectoras realizadas por la Dirección General de Consumo, cuyo informe ha sido ratificado y ampliado por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias.
Informa el Gobierno que esta decisión responde a la «ejecución simultánea de obras, restricciones de capacidad y limitaciones de velocidad que afectan de forma continuada a la infraestructura». «El Principado ha constatado una degradación sustancial, sostenida y generalizada del nivel de servicio, de carácter estructural y no meramente puntual, que afecta de manera grave al funcionamiento del corredor y resulta incompatible con las condiciones exigibles a un servicio público esencial», comunica.
Los informes elaborados acreditan la concurrencia prolongada de múltiples incidencias a lo largo del trazado que incluyen reducciones de carril, desvíos provisionales y limitaciones de velocidad en tramos significativos, de modo especial en túneles y zonas de montaña. «Estas circunstancias están provocando un impacto directo y severo en la capacidad de la vía, los tiempos de recorrido y las condiciones de seguridad, lo que configura una situación de deterioro significativo de la infraestructura. Además, no consta que se haya evaluado de manera adecuada el impacto real acumulado de estas afectaciones, ni desde la perspectiva de las personas usuarias ni desde el punto de vista de la actividad económica, la logística y la cohesión territorial, ámbitos en los que esta infraestructura desempeña una función estratégica esencial», expresa.
Las reclamaciones
El requerimiento dirigido al ministerio en su condición de Administración concedente «exige la adopción inmediata de medidas efectivas para corregir la situación, incluido el restablecimiento de condiciones adecuadas de prestación del servicio, la revisión del régimen tarifario en relación con el nivel real de prestación y la fijación de un calendario cierto, detallado y verificable de finalización de las actuaciones», además de exigirle que «ejerza de manera efectiva sus funciones de supervisión y control sobre la concesión». Mientras, a AUCALSA le reclama la revisión inmediata de la planificación de las obras y actuaciones en curso, con el fin de evitar la actual acumulación de incidencias, así como actuaciones concretas para restablecer niveles adecuados de servicio. Igualmente, pide la remisión de información técnica sobre el calendario, ejecución y plazos de los trabajos, así como una evaluación cuantificada de su impacto sobre la capacidad de la infraestructura y los tiempos de recorrido.
En caso de no obtenerse una respuesta adecuada, el Gobierno asegura que interpondrá el correspondiente recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa competente. En ese sentido, recuerda que esta reclamación se tramita de manera paralela e independiente de las actuaciones ya iniciadas para impugnar la prórroga de la concesión del peaje del Huerna mediante una solicitud formal de revisión de oficio. «Se trata de vías distintas y compatibles en defensa del interés general y de los derechos de la ciudadanía asturiana», explica.
Despacio, sin prisa, no os vayáis agobiar mucho. Esto ya se habría tenido que haber hecho hace tiempo, que los asturianos ya estamos muy cansados de esta tomadura de pelo