El Gobierno inicia el proceso mediante un Real Decreto y defiende la medida como un acto de justicia, necesidad económica y reconocimiento social
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este martes la aprobación en el Consejo de Ministros del Real Decreto que da inicio al proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular en España. La medida, que podría beneficiar a cerca de medio millón de personas, supone uno de los principales movimientos del Ejecutivo en materia migratoria en los últimos años. En una carta difundida públicamente este martes, Sánchez calificó la iniciativa como “un acto de normalización”, al reconocer la realidad de cientos de miles de personas que ya forman parte de la sociedad española. El presidente recordó que se trata también de “un acto de justicia” y de “una necesidad” para el país, en un contexto marcado por el envejecimiento demográfico y las demandas del mercado laboral.
El proceso tiene su origen en una Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 600.000 firmas y apoyada por organizaciones sociales, sindicatos, empresarios y entidades como la Iglesia. Según el Ejecutivo, este respaldo transversal ha permitido impulsar una medida que, en palabras del presidente, “ha logrado unir en tiempos de polarización”. La regularización permitirá a las personas beneficiarias acceder a una autorización de residencia y trabajo en condiciones legales, lo que facilitará su integración plena en la sociedad. No obstante, el Gobierno insiste en que el proceso no implica la concesión de la nacionalidad española ni el derecho al voto, reservado a ciudadanos españoles conforme a la legislación vigente.
El anuncio reabre, no obstante, el debate político y social en torno a este tipo de procesos, con antecedentes como el llevado a cabo en 2005. Mientras sus defensores consideran que favorece la cohesión social y la estabilidad económica, sus detractores cuestionan tanto el contexto como sus posibles efectos a medio y largo plazo. Con la aprobación del Real Decreto, el Gobierno da el primer paso formal para la implementación de la medida, cuyos detalles operativos marcarán el alcance real de una regularización que aspira a transformar la situación administrativa y laboral de cientos de miles de personas en España.
